La diputada Patricia Jure (FIT) presentó dos pedidos de informe sobre la situación de los denominados macrolotes y las correspondientes viviendas que allí se construirán en dichos predios en Villa La Angostura. Uno de ellos se dirige al ADUS- IPVU y al Ministerio de Producción, y el otro al Concejo Deliberante.
Para el caso de ciertos lotes aun no entregados, la legisladora consulta si cuenta con el alta de obra, mientras que para el caso de otros lotes en los que comenzaron las obras civiles, pregunta si se realizaron las obras de ingeniería necesarias para minimizar los riesgos que implican las urbanizaciones.
En tanto, para el caso de las viviendas ya entregadas, consulta cómo se resolverán las fallas que presentan y que, según indican sus dueños, devienen de problemas en la construcción y no por el uso de la vivienda (falla en los servicios, rajaduras en cielorrasos, filtraciones, desniveles por desplazamiento del suelo, etc).
A la vez, Jure busca conocer detalles vinculados a la empresa ejecutora y el valor del m2 de construcción cobrado por la empresa tercerizada, al tiempo que solicita se remita copia del pliego de licitación y materiales con los que serán construidas las viviendas; readecuaciones de costos; valores de lo cobrado en concepto de terreno y de la vivienda.
Con igual criterio, pide copias del estudio de impacto ambiental y factibilidades que deberían haberse realizado previos a la votación en el Concejo Deliberante y resoluciones ministeriales para el canje de tierras, y adjudicación/ejecución de obras.
Finalmente, consulta si la parte privada hará una compensación de tierras y el tipo de acuerdo y sus condiciones y valores del canje de tierras municipales con el grupo empresario Slots Machines, así como también las empresas que resultaron beneficiadas.
Los fundamentos explican que los llamados Macrolotes (1 a 7) en la localidad de Villa La Angostura fueron impulsados en el año 2012 con un canje de tierras del ex Parque Industrial con el grupo empresario de Slots Machines.
Se trató de 20 hectáreas, de las cuales el 80% eran aptas para una urbanización, por otras 20 diseminadas, de las cuales más de la mitad no son aptas para urbanizar, situación que redujo la cantidad de lotes y superficie prometida en sus comienzos. Luego, el Concejo Deliberante, por mayoría, aprobó una ordenanza que habilitó el emprendimiento.
Las demandas de vecinas y vecinos han llegado a los estrados judiciales, con fallos negativos y hasta con sentencia de pago de costas a quienes denunciaron las condiciones y consecuencias de un “mega canje de tierras entre el Estado provincial y un privado”, denuncia la diputada del FIT.
