Los gobernadores de ambas provincias firmaron un acuerdo para el análisis de propuestas ante la finalización de las concesiones hidroeléctricas y volver a manejar este recurso económico.
Los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez y de Río Negro, Arabela Carreras firmaron el acta acuerdo para el análisis de propuestas ante la finalización de las concesiones hidroeléctricas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén.
Entre otros aspectos, los mandatarios ratificaron la conveniencia y necesidad de intervenir en todo lo relativo a la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y preservación de los aprovechamientos hidroeléctricos.
Del acto participaron los titulares de energía de ambas provincias: el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro y la secretaria de Estado de Energía de Río Negro, Andrea Confini.
El acta acuerdo define constituir una comisión integrada por representantes de ambas provincias, para que en el plazo de 120 días confeccione un documento que considere y resuma la situación actual de los aprovechamientos desde el punto de vista técnico (civil, electromecánico y eléctrico) y ambiental, además de las obras prioritarias.
Dicha comisión presentará ante los gobernadores de ambas provincias una propuesta de acción para ser presentada al gobierno nacional.
Entre los meses de junio y diciembre de 2023 se producirán los vencimientos de las concesiones otorgadas por el Estado Nacional para la operación, mantenimiento y explotación comercial de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes sobre los ríos Limay y Neuquén: El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Complejo Cerros Colorados.
Nación es quien definirá el esquema o modelo a implementar para llevar adelante tanto la operación y mantenimiento, como la explotación comercial.
En ese sentido, las provincias de Río Negro y Neuquén detentan el dominio inalienable e imprescriptible sobre los recursos hídricos existentes en sus territorios (Artículo 124° de la Constitución Nacional), resaltando que el uso y aprovechamiento de estos recursos debe propender al desarrollo regional, mediante la aplicación de la renta resultante de la comercialización de la energía generada, a un plan de estudios, proyectos y obras de infraestructura a consensuar entre las provincias.
