Luego de ampliar la investigación para analizar las responsabilidades del exjuez de Villa la Angostura Jorge Videla y de otros funcionarios y funcionarias que intervinieron en forma previa al femicidio de Guadalupe Curual, la fiscal del caso Carolina Mauri afirmó que ninguna de estas personas cometió algún delito penal.
A través de un escrito que remitió la Fiscalía General el pasado jueves, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que “luego de analizar reflexiva y meticulosamente toda la información nueva producida, no encuentro elementos que me permitan modificar mi criterio sostenido al momento de dictar la resolución de desestimación del 3 de septiembre de 2021”.
Esta es la segunda ocasión en que la fiscal del caso evalúa la información reunida en torno a la denuncia radicada por la titular del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, dos días después del femicidio, el 25 de febrero. En la presentación, la funcionaria nacional solicitó que se investigara “la posible existencia de delitos de acción pública, relacionados con las actuaciones de los y las funcionarias judiciales en la protección e investigación de los hechos puestos en conocimiento por parte de Guadalupe Curual, cuya integridad física se encontraba amenazada”.
En forma previa a la actual resolución, en septiembre del año y también mediante un escrito, Mauri había planteado que no existía delito en las conductas del exjuez y otros funcionarios y funcionarias. Sin embargo la querella que representa a la familia de la víctima, pidió ante un juez de garantías en octubre de 2021 que se rechace esa decisión. Y el magistrado Juan Pablo Balderrama avaló el pedido y dispuso que la fiscal del caso debía ampliar la investigación.
Para materializar dicha ampliación, Mauri entrevistó a funcionarios y funcionarias del Poder Judicial que tuvieron intervención en los casos de violencia en los que Guadalupe Curual había sido víctima de parte de su expareja, Bautista Quintriqueo, en forma previa al femicidio.
El director de la Oficina de Violencia a nivel provincial, Juan Pablo Durán; y la secretaria civil del juzgado de Villa la Angostura que dirigía el exjuez Jorge Videla, Carolina Amarilla, fueron algunas de estas personas, junto a personal de la Oficina de Violencia de la localidad cordillerana; también una licenciada en Trabajo Social que había entrevistado a la víctima. Además, Mauri requirió informes a la subsecretaría de Planificación del Poder Judicial sobre la organización y funcionamiento de la Oficina de Violencia.
Durante las entrevistas realizadas, los funcionarios y funcionarias “no aportaron información alguna” para advertir la existencia de un conducta delictiva por parte del exjuez como tampoco respecto al resto de la investigación, según detalló la fiscal del caso en el escrito.
“Entiendo que la nueva información relevada se condice con los elementos evaluados al momento de fundar dicha resolución (la de desestimación de septiembre de 2021), y que no resultan suficientes para modificarla. Además, a pesar de no ser una obligación, tampoco la parte querellante ha aportado, durante este tiempo, otra información relevante, o propuesto otra medida de investigación a realizar por esta fiscalía”, especificó Mauri.
La fiscal del caso además planteó además que tras haber efectuado esta nueva valoración de la información reunida en torno a la denuncia original, correspondería que la aparten del caso y que éste sea derivado a la fiscalía de Villa la Angostura.
Mauri señaló que “pese a que mi objetividad no se encuentra de ninguna manera afectada”, la decisión de su apartamiento del caso tiene como finalidad “preservar el derecho de los/as denunciantes a que las decisiones de los/as fiscales pueden ser criticadas y revisadas materialmente”.
La petición de apartamiento fue avalada por el fiscal general José Gerez. Entre los argumentos destacó que ningún/a funcionario/a del Ministerio Público Fiscal de Villa la Angostura fue mencionado en la investigación por la actuación en forma previa al femicidio de Guadalupe Curual. “Entiendo que no se encuentra en riesgo la objetividad de la investigación con la intervención de funcionarios/as de la IV circunscripción judicial, lo cual inicialmente había motivado la asignación del caso a la Unidad Especializada de la I circunscripción judicial”.
Sobre este escenario, un nuevo fiscal del caso evaluará la información recolectada por Mauri durante la investigación y determinará la finalización o no de la investigación.
