Así lo dispuso el juez de garantías Nazareno Eulogio, que tuvo en cuenta que la fiscalía y la defensa estaban de acuerdo con extender el plazo. El presidente del Concejo Deliberante de Villa La Angostura está imputado por desobediencia a una orden emitida por un juez e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juez de garantías Nazareno Eulogio dispuso dos meses de prórroga para la investigación preparatoria de la causa penal en la que está imputado el presidente del Concejo Deliberante de Villa La Angostura, David Tressens Ripoll por desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La audiencia se hizo días atrás a pedido del Ministerio Público Fiscal. Fuentes judiciales informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que el juez “tuvo en cuenta que las partes interesadas estaban de acuerdo en el pedido y no había contradicción”. Por eso, resolvió otorgar la prórroga del plazo de la investigación que finalizaba esta semana.
Justamente, Eulogio había admitido el 12 de febrero del año pasado los cargos que el fiscal jefe Fernando Rubio y el funcionario de la fiscalía de Villa La Angostura Ramiro Amaya formularon contra Tressens Ripoll y los 6 concejales como coautores del delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. Al presidente del Concejo lo acusaron además en esa audiencia por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Las fuentes judiciales recordaron que Tressens Ripoll “es el único encausado” que queda porque a principios de julio del año pasado Rubio pidió el sobreseimiento de la concejala del Pro, Marta Noemí Cicconi, de sus pares del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Sergio Javier Troche (que renunció), los concejales del MPN, Walter Luis Espíndola y Ruth Melisa Salamanca y la concejala del bloque Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza.
Las fuentes judiciales explicaron que el pedido de prórroga, en realidad, “son plazos comunes y permiten a las partes terminar de perfilar las teorías fácticas y jurídicas”.
La causa se originó a partir de la sesión que los concejales hicieron el 15 de enero del año pasado para dictar el veredicto del juicio político que llevaron adelante contra el entonces secretario de Economía municipal, Daniel Brito, que fue destituido del cargo por mal desempeño.
Los fiscales les atribuyeron a los 7 concejales que a las 7:59 del 15 de enero pasado, “desobedecieron la orden dictada por Matías Nicolini, juez contencioso administrativo de Zapala, cuando dieron inicio a la sesión en el Concejo Deliberante”.
La fiscalía sostuvo que “desobedecieron la orden impartida por el magistrado, que en ejercicio legítimo de sus funciones y en el marco de un expediente iniciado en la sede procesal administrativa, el 14 de enero había ordenado expresamente “la suspensión de la sesión del Concejo deliberante, de la sala juzgadora, bajo apercibimiento de desobediencia de una orden judicial”.
Y a Tressens Ripoll le atribuyeron además “haber cerrado las puertas del edificio para evitar que se supiera lo que estaban haciendo y abrirlas tarde”, cuando ya estaba iniciada la sesión.
Los fiscales presentaron evidencias y las declaraciones de dos testigos directos que aseguraron que le habían informado al presidente del Concejo Deliberante de la orden judicial de suspender la sesión.
