Así lo informaron fuentes con acceso a la causa que se tramitará en el juzgado contencioso administrativo de Zapala. Dijeron que el juez Matías Nicolini notificó al Municipio que el expediente sigue en trámite y que deberá ofrecer pruebas para contestar la demanda que buscar anular el juicio político que destituyó al exsecretario de Economía municipal.
La demanda contencioso administrativa que el exsecretario de Economía Daniel Brito promovió contra la Municipalidad sigue activa. El expediente seguirá los pasos del proceso ordinario en el juzgado de Zapala, a cargo del juez Matías Nicolini, informaron fuentes con acceso a la causa.
Explicaron que la demanda seguirá los pasos del proceso ordinario porque ya no tiene efectos la medida cautelar que Brito había solicitado a mediados de diciembre del 2020 al juez para frenar el proceso de juicio político, que finalizó con su destitución del cargo por mal desempeño.
Las fuentes informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que el 22 de febrero último, Nicolini informó a la Municipalidad del plazo de 17 días para ofrecer pruebas y responder la demanda promovida por Brito.
La demanda tiene por objetivo que la justicia resuelva si las resoluciones que el Concejo Deliberante de Villa La Angostura dictó para abrir el juicio político contra el entonces secretario de Economía son nulas o no.
Por lo pronto, la fiscal jefa de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, cuya cabecera es Zapala, Sandra González Taboada, se pronunció en agosto del año pasado por la admisibilidad de la demanda contra la Municipalidad de Villa La Angostura para declarar la nulidad del procedimiento del juicio político que lo destituyó del cargo por mal desempeño.
Para la fiscal jefa, el juez Nicolini es competente para resolver sobre la demanda que presentó Brito.
De hecho Nicolini intervino y admitió la medida cautelar que había pedido Brito. Por eso, el magistrado ordenó suspender el proceso del juicio político y la sesión del 15 de enero del año pasado, cuando resolvieron la destitución del entonces funcionario municipal.
Sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante, David Tressens Ripoll, no acató la orden y dispuso sesionar.
En esa polémica sesión del 15 de enero del 2021, los concejales de la sala juzgadora declararon culpable a Brito y lo destituyeron. Tressens Ripoll está imputado en una causa penal por desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
González Taboada recordó que Brito en la demanda sostuvo que las resoluciones que habilitaron avanzar con el juicio político en su contra violaron la Carta Orgánica Municipal, la ordenanza que reglamenta el procedimiento del juicio político, las leyes 1305 y 1284, Constituciones Provincial, Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica.
“Asimismo, amplía el objeto de la demanda solicitando la nulidad absoluta e insanable del proceso de Juicio Político perseguido contra su persona en virtud de los actos llevados a cabo por la Concejal Vaca Arenaza Agustina, conforme las consideraciones de hecho y derecho que exponen”, mencionó González Taboada en su dictamen.
Uno de los reclamos de Brito es que Vaca Arenaza presentó la denuncia en su contra para pedir el juicio político en el Concejo Deliberante y, después, votó por la admisibilidad del enjuiciamiento, lo que va en contra de las normas vigentes.
