La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia aprobó por amplia mayoría el pliego del Dr. Francisco Astoul Bonorino, que fuera elevado por el Consejo de la Magistratura, requiriendo acuerdo legislativo para su designación como juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura.
Durante la entrevista de rigor que la comisión A realiza a los aspirantes, Bonorino hizo un repaso por su trayectoria profesional como abogado graduado de la UBA y funcionario judicial desde el 2004, primero en la provincia de Buenos Aires y luego en Neuquén. Explicó que en su paso por distintos organismos judiciales, se focalizó en el mejoramiento de acceso a la justicia, y destacó su enfoque, durante los últimos 10 años, en esa accesibilidad por parte de las mujeres víctimas de violencia.
Respecto de las características del cargo y la circunscripción judicial que asumiría en Villa La Angostura, el letrado explicó que “la cuarta circunscripción tiene características muy particulares que están dadas por el atravesamiento de factores climáticos y geográficos, socio-ambientales, de la preexistencia de los pueblos originarios, y de adicciones que condicionan el acceso a la justicia”.
Sobre los conflictos con los pueblos originarios, Bonorino opinó que “esta conflictividad tiene que ver con la territorialidad y con la convicción de cierta pertenencia ancestral”, y explicó que esta realidad se registra en otras localidades del sur donde se pudo solucionar a partir de la división de las tierras y reconocimiento de territorios al momento de poblarse. En ese sentido también señaló que “los reclamos de las comunidades son atinados pero estoy en contra de la utilización de la violencia para su reclamo. Hay otros caminos”.
Bonorino también se explayó sobre las situaciones de violencia contra la mujer y señaló que “las fallas de la Justicia tienen que ver con la falta de perspectiva de género, de perspectiva de derechos humanos y de perspectiva en el acceso a la Justicia”. En ese sentido, apuntó que “en la mayoría de los femicidios hay una falla del Estado que no aplicó las medidas coactivas que tenía disponibles”.
Opinó, además, que “la Oficina de la Mujer es la que más recursos necesita porque hoy es la que mayor conflictividad tiene. Es donde hoy se presentan las mayores situaciones de violencia y donde está en juego la vida y no el patrimonio de las personas”.
El funcionario ahondó que “el fuero civil da herramientas protectorias que hay que saber usar” y ponderó las leyes Leyes 2785 de Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar, y la 2786 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a las que tildó de “leyes superadoras en tanto dan herramientas que la ley nacional no da”.
Al ser consultado sobre la futura reforma del Código Procesal Civil de la provincia que es impulsado por el vicegobernador Marcos Koopmann, el funcionario recomendó que la misma “debería incluir la digitalización de sus procesos en pos de mejorar el acceso a la justicia que con las distancias y las inclemencias climáticas del interior de la provincia, a veces hace inaccesible y es algo que se puede mejorar con el uso de la tecnología”. También sugirió incorporar las mediaciones para la resolución rápida de los conflictos.
El pliego contó con los votos favorables de Maximiliano Caparroz, Ludmila Gaitán, Liliana Murisi, Fernández Novoa, Soledad Martinez, Darío Peralta, César Gass, Andrés Peressini, Fernando Gallia, y Carlos Sanchez; en tanto que por la negativa se inclinó Andrés Blanco.
