Así lo requirió el fiscal jefe Fernando Rubio. Pide juzgar al presidente del Concejo Deliberante de Villa La Angostura por desobediencia a una orden emitida por un juez e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La defensa afirmó que se demostrará que Tressens Ripoll “no tiene ninguna vinculación” con esos hechos.
El fiscal jefe Fernando Rubio requirió este viernes la apertura a juicio de la causa penal que tiene como imputado al presidente del Concejo Deliberante de Villa La Angostura, el emepenista David Tressens Ripoll por desobediencia a una orden emitida por un juez e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Rubio solicitó elevar la causa a juicio porque concluyó que la investigación, que la fiscalía de Villa La Angostura llevó adelante durante 16 meses, arrojó fundamentos suficientes para someter a juicio a Tressens Ripoll por los dos delitos que se le atribuyen.
“Se pidió elevación a juicio sin ninguna modificación a la formulación de cargos”, informó este viernes Rubio a LA ANGOSTURA DIGITAL.
En los próximos días, la Oficina Judicial deberá fijar la audiencia de control de acusación donde un juez evaluará la imputación y las pruebas ofrecidas por la fiscalía. El magistrado resolverá si corresponde o no la apertura a juicio.
El abogado Sebastián Leguizamón Chariff, que defiende al presidente del Concejo Deliberante, dijo que fue notificado este viernes de manera electrónica del pedido de elevación a juicio y del ofrecimiento de pruebas que había hecho la fiscalía.
Dijo que él también estaba esperando “con ansías” que la fiscalía diera este paso “porque así se va terminando el estado de incertidumbre” en el que está desde febrero del año pasado Tressens Ripoll.
“Vamos a acreditar en el juicio acabadamente que (Tressens Ripoll) no tiene nada que ver con los hechos que la fiscalía le atribuye”, afirmó Leguizamón Chariff.
“Estaba deseoso que esto ocurriera (por el pedido de apertura a juicio) porque David no tiene ninguna vinculación con esos hechos”, sostuvo el defensor particular.
Antecedentes
El 12 de febrero del año pasado, el juez de garantías Nazareno Eulogio admitió los cargos que Rubio y el asistente letrado de la fiscalía de Villa La Angostura Ramiro Amaya formularon contra Tressens Ripoll y los 6 concejales como coautores del delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. Al presidente del Concejo lo acusaron además en esa audiencia por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Pero a principios de julio del 2021, Rubio pidió el sobreseimiento de la concejala del Pro, Marta Noemí Cicconi, de sus pares del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Sergio Javier Troche (que renunció al cargo), los concejales del MPN, Walter Luis Espíndola y Ruth Melisa Salamanca y la concejala del bloque Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza. Sin embargo, mantuvo la imputación contra el presidente del Concejo Deliberante.
La causa se originó a partir de la sesión que los concejales hicieron el 15 de enero del año pasado para dictar el veredicto del juicio político que llevaron adelante contra el entonces secretario de Economía municipal, Daniel Brito, que fue destituido del cargo por mal desempeño.
Rubio acusa a Tressens Ripoll de haber desobedecido la orden dictada el día anterior por el juez contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini, que había dispuesto la suspensión de la sesión especial y del procedimiento del juicio político contra Brito.
A Tressens Ripoll le atribuyeron además “haber cerrado las puertas del edificio para evitar que se supiera lo que estaban haciendo y abrirlas tarde”, cuando ya estaba iniciada la sesión.
