Los concejales deberán definir si suspenden en el cargo temporalmente al presidente del Concejo o si aceptan una licencia, según explicaron fuentes que conocen en detalle a Carta Orgánica Municipal. Si ello ocurre, lo reemplazará Emiliano Santos.
Los concejales tendrán que tomar una definición en estos días en relación a la situación del presidente del Concejo Deliberante, el emepenista David Tressens Ripoll, tras el pedido de apertura a juicio en su contra por parte del fiscal jefe Fernando Rubio.
Así lo informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL fuentes con conocimiento de la Carta Orgánica y del Código Procesal Penal de la provincia.
Pero no será un tema fácil de resolver. Desde el bloque de concejales del Frente de Todos ya informaron que, por ahora, no habrá comentarios de los concejales Catriel Barberis y María Eugenia Mesa por este asunto.
Tressens Ripoll pidió consultar a su abogado Sebastián Leguizamón Chariff, que lo asiste en la causa penal.
El exconcejal y abogado Leandro Martínez, que es asesor legal del intendente Fabio Stefani, sostuvo que corresponde que los concejales suspendan en el cargo a Tressens Ripoll por el pedido de juicio que formuló la fiscalía.
Citó el artículo 255 de la Carta Orgánica Municipal. Ese artículo establece: “Cuando la autoridad judicial competente haya dispuesto la prisión preventiva o haya formulado requisitoria de citación a juicio al intendente, viceintendente, concejales o miembros de órganos de control por comisión de un delito doloso, o culposo de incidencia funcional, el Concejo Deliberante debe suspender al funcionario incurso en esa situación. Producida la sentencia firme condenatoria, corresponde la destitución”.
Otras fuentes plantearon que también existe la posibilidad de que el presidente del Concejo pida licencia mientras se resuelve su situación judicial.
En cualquiera de los dos casos, lo reemplazará Emiliano Santos, según el listado de concejales proclamado en su momento por la justicia electoral.
LA ANGOSTURA DIGITAL le preguntó a Santos, que respondió este lunes que estaba al tanto de la situación de Tressens Ripoll. Dijo que esperará a ver “cómo sigue todo”.
El fiscal jefe requirió el viernes la apertura a juicio de la causa penal que tiene como imputado Tressens Ripoll por desobediencia a una orden emitida por un juez e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Rubio solicitó elevar la causa a juicio porque concluyó que la investigación, que la fiscalía de Villa La Angostura llevó adelante durante 16 meses, arrojó fundamentos suficientes para someter a juicio a Tressens Ripoll por los dos delitos que se le atribuyen.
En los próximos días, la Oficina Judicial deberá fijar la audiencia de control de acusación donde un juez evaluará la imputación y las pruebas ofrecidas por la fiscalía. El magistrado resolverá si corresponde o no la apertura a juicio.
“Vamos a acreditar en el juicio acabadamente que (Tressens Ripoll) no tiene nada que ver con los hechos que la fiscalía le atribuye”, afirmó Leguizamón Chariff.
Antecedentes
El 12 de febrero del año pasado, el juez de garantías Nazareno Eulogio admitió los cargos que Rubio y el asistente letrado de la fiscalía de Villa La Angostura Ramiro Amaya formularon contra Tressens Ripoll y los 6 concejales como coautores del delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. Al presidente del Concejo lo acusaron además en esa audiencia por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Pero a principios de julio del 2021, Rubio pidió el sobreseimiento de la concejala del Pro, Marta Noemí Cicconi, de sus pares del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Sergio Javier Troche (que renunció al cargo), los concejales del MPN, Walter Luis Espíndola y Ruth Melisa Salamanca y la concejala del bloque Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza. Sin embargo, mantuvo la imputación contra el presidente del Concejo Deliberante.
La causa se originó a partir de la sesión que los concejales hicieron el 15 de enero del año pasado para dictar el veredicto del juicio político que llevaron adelante contra el entonces secretario de Economía municipal, Daniel Brito, que fue destituido del cargo por mal desempeño.
Rubio acusa a Tressens Ripoll de haber desobedecido la orden dictada el día anterior por el juez contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini, que había dispuesto la suspensión de la sesión especial y del procedimiento del juicio político contra Brito.
A Tressens Ripoll le atribuyeron además “haber cerrado las puertas del edificio para evitar que se supiera lo que estaban haciendo y abrirlas tarde”, cuando ya estaba iniciada la sesión.
