El abogado Cristian Pettorosso escribe sobre los últimos hechos delictivos ocurridos en Villa la Angostura y expresa “pareciera que desde algunos sectores de la administración judicial, no supieran -o no quisieran- captar el mensaje que la gente da por estas horas”
Sr. Director:
PRISION PREVENTIVA Y CORTINAS DE HUMO.
LA INSEGURIDAD EN VILLA LA ANGOSTURA PASA POR LA ADMINISTRACION JUDICIAL
Esta semana hemos escuchado voces distintas, acerca de la aplicación de la “prisión preventiva”, como si fuera la herramienta “estrella” del procedimiento judicial para contener la seguidilla de delitos que se incrementa, ya sin pausa, en este pueblo que antaño era tranquilo.
Pareciera que desde algunos sectores de la administración judicial, no supieran -o no quisieran- captar el mensaje que la gente da por estas horas, exigiendo a las autoridades los mejores oficios y muestras de efectividad en las tareas de seguridad y prevención que les competen.
La población se está alarmando por la incesante ola de hechos delictivos que atentan contra la paz social en lo que antes era un lugar seguro para vivir; y se debaten en reuniones de vecinos fórmulas variadas para intentar dar soluciones a lo que pasa; y, entre ellas, reincide una y otra vez la misma pregunta respecto de los delincuentes, ¿por qué no van presos?.
El reclamo de los vecinos afectados por los robos a las casas y complejos de cabañas, -además de los ataques sexuales, entre otros hechos ilícitos que se dan a conocer cada vez más seguido- tiene, en su espíritu, una exigencia mayor al estado de la que se busca minimizar desde los propios ámbitos tribunalicios, que son, en medida bastante, responsables también de lo que sucede.
En esa espontánea y saludable interpelación a las autoridades que se ha visto por estos días, donde vecinos enojados exigen un mejor servicio de justicia, de más calidad, más comprometido; se advierte que, aunque parezca solapado, el objetivo real de ese reclamo está lo suficientemente visible con solo empatizar el sentir del consumidor del servicio de justicia.
La gente quiere que los delincuentes sean sancionados, y para eso, primeramente deben investigarse los hechos denunciados, para luego, pruebas mediante, llevar al delincuente tras las rejas.
Simplificar el asunto -su intento- circunscribiéndolo a la posibilidad o imposibilidad de utilizar, según el caso, una medida cautelar para enrejar al ofensor de las reglas, me parece un tanto corto de análisis, porque el problema desborda de base, es otro, y va más allá de normas procesales.
El clamor de la gente en procura de una mejora del servicio ofrecido -y padecido- se aprecia ahora más, dado que las quejas ingresan a los públicos despachos, en grupos de autoconvocados y de forma presencial, exigiendo a las autoridades, no otra cosa, que trabajen bien.
La que la población exige a las autoridades encargadas de preservar el orden, es efectividad y celeridad en la tarea que la sociedad les confía, porque los cargos que ocupan son públicos, y se requieren las mejores vocaciones.
El tema no gira en torno a aplicar o no aplicar, según el caso, la “prisión preventiva” como una formulismo mágico para reducir el delito, sino que las autoridades de aplicación en esta elevadísima misión de resguardar el orden público mediante el cumplimiento de las leyes, cumplan acabadamente su labor; esto es, que fiscales, jueces y policía hagan bien su trabajo.
El ciudadano de a pie, el lego, doña Rosa, que poco o nada entiende de estructuras legales, normas procesales y doctrinas imperantes, sintetiza su sentir para combatir la delincuencia, con la acostumbrada expresión “que los chorros vayan presos”.
En este percepción, creo que el problema tiene un trasfondo distinto al que se intenta reducir con explicaciones del funcionamiento legal del instituto de la prisión preventiva, que a pocos satisfacen, dejando disconforme al ciudadano.
Así perfilado, estimo prudente hacerles saber a los funcionarios judiciales -a todos, por si no se dieron cuenta- que lo que la gente les exige es eficiencia y transparencia en tan caro servicio que brindan; independientemente de la utilización de medidas de coerción personal contra los sospechosos.
En efecto, dentro del sistema judicial local, se observan fallas importantes, que, a esta altura, debieran urgente ser remediadas para cumplir con esa sagrada manda constitucional de preservar el orden y garantizar la paz social, que es lo que piden -ya a gritos- los vecinos de esta localidad.
En este lineamiento, procurando con estos pensamientos contribuir como auxiliar de Justicia, digo ahora, dado el cariz que esta tomando el reclamo social, exigiendo con vehemencia que cumplan fieles sus deberes de función; no puede permitirse más que algunas causas “se licuen” a voluntad del administrador judicial, y que otras duerman en cajones sin notificar los archivos a las víctimas denunciantes.
Frenar investigaciones de forma arbitraria, haciendo usos de apariencias de legalidad, es, cuanto menos muy reprochable por decirlo suavemente este operador jurídico; no faltando algún vecino que dirá, con lógico enfado, que la situación es rayana a un delito de acción pública, porque el retardo de justicia es un tipo penal.
En este contexto de disfunciones -y solo por citar algunos ejemplos, de varios más que hay para ventilar-, no puede admitirse que los archivos de denuncias penales que sella la Fiscalía local, sean notificados en una pequeña pegatina de papel ubicada en el fondo del pasillo del primer piso del edificio de tribunales, porque de esa forma, no se entera ni Jesucristo, que todo lo ve.
La decisión fiscal de no continuar con una investigación penal preparatoria debe ser notificada al denunciante, de forma tal, que éste se entere fehacientemente de lo resuelto. No existe otra ceremonia, pues, que no sea mediante oficial público, que estampe la rúbrica de puño y letra del denunciante en ese aviso de archivo.
La gente no va tribunales regularmente a mirar o preguntar si le archivaron la causa.
Quien denuncia un delito, espera que la Justicia actúe, y si no lo hace, por la razón que sea, ese mismo denunciante también espera que le informen formalmente la novedad, para poder contar con el derecho a reclamar la revisión de esa disposición, lo cual, a juzgar por experiencia, es otra mentira del sistema, como en otra oportunidad podré explicar, no ahora, para no hacer extenso este discurrir.
Si no se procede con genuina intención de comunicar el archivo de la causa, la gente no sabe, no se entera que esa notitia criminis que llevó a conocimiento de la Justicia -anhelando, naturalmente, que el delincuente sea reprimido-, es un papel sin movimiento que duerme plácido en un estante, armario o cajón del Ministerio Público Fiscal; y, en algunos casos, hasta con telas de arañas por el transcurso de años, favoreciendo la prescripción de los delitos y garantizando la impunidad de quienes deberían haber sido juzgados, y quizás encarcelados.
Y ahí yace, o al menos comienza a verse, la piedra angular del problema, que es más estructural, y no se ciñe, como dije, al estudio singular de la prisión preventiva; siendo ésta un acontecimiento procesal que sucede, precisamente, porque la causa penal está en marcha, con una investigación que rinde frutos, que acumula evidencias, que se encuentra activa, como la gente espera; y no inactiva sin aviso al justiciable.
En ese universo de causas registradas que no han sido debidamente tratadas, y que solo el Ministerio Público Fiscal puede llegar a contabilizar, tenemos, muy probablemente, sindicados autores de distintos hechos ilícitos, imputados que han sido denunciados por damnificados de delitos que nunca se han sentado en la silla de los acusados, que jamás pasaron por la puerta de tribunales; significando esta irregular situación que ha beneficiado al denunciado por falta de actividad oficial, que, de buena mesura y mejor lectura, si hubiera habido un servicio judicial eficiente -vg., de calidad- probablemente esos delincuentes estarían presos, tras la rejas; y obviamente no hubieran tenido posibilidad de cometer, reincidiendo, los hechos que hoy son pantalla principal de los medios masivos de comunicación locales.
Deben evitarse esas prácticas impropias en el seno de Fiscalía, porque contribuyen a facilitar -involuntariamente, claro- el incremento delictivo, y son dañinas a la credibilidad de la gente en el sistema judicial, generando el malestar actual hacia uno de los poderes del estado.
Es así, que estoy convencido que el tema en crisis pasa por el desempeño de los magistrados -jueces y fiscales-, no ya por el uso de la prisión preventiva; y ahí hay que poner la lupa, y prontamente, porque los magistrados están sujetos a permanente escrutinio público, y son juzgados por la sociedad en cada fallo, en cada acto de gobierno que realizan.
De paralelo a la conducta de los funcionarios, gravita otro problema, dado que faltan recursos humanos y materiales para poder llevar al día todas las causas y así posibilitar administrar correctamente la cantidad de denuncias que ingresan semanalmente; pues el sistema esta más que saturado, permitiendo, de lado, la impunidad que se ve reflejada en los hechos delictivos que la gente critica, al percibir -con toda razón- que los delincuentes andan sueltos, haciendo de las suyas.
Esta sobrecarga de trabajo se maximiza, cuando un solo agente fiscal debe suscribir por colegas ausentes, en cargos vacíos en otras localidades. Además de insaluble para funcionario, dicha anomalía genera márgenes de yerros técnicos importantes, posibilitando aún más la impunidad de los delincuentes.
Y el pronóstico a mediano plazo no es alentador, si miramos otros factores como el consumo de tóxicos prohibidos, que expande exponencialmente la dinámica delictiva; produciendo la suma de estas cuestiones, una batalla desigual, donde el estado corre siempre atrás, venciendo los que están al margen de la ley.-
Abog. Cristian Hugo Pettorosso
Matr. 2248, Colegio de Abogados de Neuquén
cel. 221 498 3076
