Asegura que no se investigó el hecho cuando fuera agredido su hijo por una patota en plena avenida Arrayanes, en momentos que caminaba junto a unos amigos del colegio después de un encuentro deportivo.
Glenda Ilinana Ríos Minoldo denunció en la Comisaría 28 local, el 25 de octubre de 2020, que su hijo fue atacado por una pandilla de jóvenes violentos, en horas de la tarde, en oportunidad de recibir una feroz golpiza por uno de los integrantes de ese grupo, quien le propinó un golpe de puño que le produjo fracturas múltiples del tabique nasal, con desfiguración de rostro y severos problemas respiratorios.
La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y recibir tratamientos médicos en varias ocasiones, debiendo trasladarse hasta San Martín de los Andes, para ser atendida en una clínica privada.
El diagnóstico de los especialistas era preocupante, por el extremo nivel de corrimiento de la nariz; debiendo permanecer el joven victimizado enyesado y vendado por más de un mes, imposibilitándosele asistir a clases del colegio secundario por prescripción médica, y también por recomendación de profesores y allegados.
El médico que atendió a la víctima en San Martín de los Andes, sostuvo por escrito que la lesión era de características graves, y aconsejó por entonces someter al paciente a múltiples intervenciones y cirugías para reconstruir las zonas afectadas de la cara.
La madre de la víctima denuncia que, sin realizar la correspondiente investigación penal para posibilitar el juzgamiento del agresor, después de un año y ocho meses decide archivar la causa, notificándole a la denunciante que el caso se trataba de un hecho menor, intrascendente, que no revestía interés público para seguir adelante con la acusación penal.
Según denuncia la docente, madre de la víctima, la Fiscalía nunca la llamó para declarar como testigo, tampoco a su hijo; y, sin producir ninguna otra prueba, y sin pedir la opinión de los médicos que realizaron la cirugía de reconstrucción de área nasal afectada por el golpe, ni tampoco requerir historias clínicas, ni mandar hacer pericias, dispone archivar la causa, avisándole de esa decisión a la madre, el 6 de junio pasado.
Tras archivase la causa sin investigar debidamente el hecho denunciado, la defensa oficial del imputado, a cargo de María Sol Valero, peticiona el sobreseimiento del mismo ante el juez penal Juan José Nazareno Eulogio; quien, basándose en las evidencias llevadas a la audiencia por la propia Fiscalía, resuelve sobreseer de culpa y cargo al joven pegador, y por el delito de “lesiones leves”, sin oposición del citado agente fiscal.
Es así, que la madre del adolescente recibe una segunda notificación judicial; esta vez anoticiándosela del sobreseimiento dispuesto; lo cual tomó por sorpresa a la mujer, que nunca supo de la realización de esa audiencia, teniendo derecho a ser escuchada; concurriendo entonces a buscar un abogado penalista para intentar remediar la injusticia que, ahora, ha sido ventilada ante el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Provincia del Neuquén.
En efecto, consultado el abogado Cristian Hugo Pettorosso, aseveró “la falta de oficio público para investigar el hecho como la ley indica, con una pesquisa que se baste a sí misma, deriva en una injusta decisión, habiéndose simulado un procedimiento legal, cuando no lo fue; induciéndose a error al magistrado que resolviera el sobreseimiento, pues no contó el juez penal con elementos de información suficientes y veraces aportados por el Ministerio Público Fiscal para que pudiera fallar con criterio de realidad, es decir, en correspondencia al gravísimo daño en la salud causado a mi asistido”.
Agregó el profesional “se simuló una investigación judicial, intentando minimizar el hecho con la calificación de lesiones leves, cuando, claramente, el hecho denunciado tipificaba una figura legal más gravosa, por le seriedad de las lesiones sufridas; siendo que, hasta el día de hoy, la víctima tiene dificultades para respirar; secuelas de la bestial golpiza que recibió”.
Pettorosso dijo que “hay que mejorar la calidad del servicio de Justicia, en todos los sectores -y no solo en el ámbito penal- y de consecuente evitar la impunidad de los delincuentes; porque el mensaje que el Estado está dando a la población es totalmente desalentador para quienes pretenden denunciar un hecho ilícito, cargando con la impronta popular que dejan estos casos, el “no pasa nada”; y, de contrario, es alentador para quienes delinquen, a sabiendas, también “que no pasa nada. Todo disfuncional y peligroso, porque se restringe el acceso a la Justicia a los victimizados, quedando librados a su suerte si no pueden contar con servicios privados de un abogado que los asista”.
