El juez civil de Villa La Angostura desestimó el recurso que había presentado el apoderado legal de la comunidad mapuche para dejar sin efecto la ejecución de la sentencia que ordena desalojar el lote ubicado en Paso Coihue. El abogado anunció que irá en queja ante la Cámara de Apelaciones provincial.
El apoderado legal de la comunidad mapuche Quintriqueo, Virgilio Sánchez, informó que había apelado la resolución del juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, quien ordenó ejecutar el desalojo de las familias de esa comunidad y Melo, que ocupan desde hace años el valioso lote ubicado en la zona de Paso Coihue.
El juez ordenó desalojar a los ocupantes y restituir el lote a su propietaria María Cristina Broers.
Sánchez explicó a LA ANGOSTURA DIGITAL que pidió además la suspensión del proceso judicial en los términos del artículo 2 de la ley 26160 de comunidades indígenas.
Sin embargo, Bonorino Astoul resolvió este miércoles rechazar la apelación, informó Sánchez. “Voy a ir en queja a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del interior de la provincia”, que tiene su sede en San Martín de los Andes, afirmó Sánchez.
El lote en conflicto está ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura. Por ese lugar pasa la ruta nacional 40 que comunica esta localidad con Bariloche. Las tierras tienen costa del lago Nahuel Huapi.
El conflicto judicial comenzó a finales de 2011, cuando Broers demandó en la justicia civil a las personas que ocupaban el lote.
Sánchez explicó que había hecho dos presentaciones en el juzgado civil, a cargo de Astoul Bonorino. Dijo que había presentado un recurso de apelación que fue rechazado este miércoles por el juez de Villa La Angostura y que impugnará con una queja ante la Cámara.
Y presentó otro escrito para que se suspenda el proceso “y sobre el mismo aún no se advierte pronunciamiento del juez, solo se pronunció por la apelación”.
Sánchez mencionó en el escrito la nota que la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda, presentó este martes 9 de agosto en la justicia.
El apoderado legal de la comunidad citó la nota de Odarda, quien planteó que el INAI, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley nacional 26.160, solicitó la suspensión del proceso de ejecución de sentencia y actos procesales ordenados por el juez que “propenden al desalojo de la Comunidad Mapuche que represento”.
Odarda en la nota invocó esa ley “que suspende expresamente los procesos como el presente, que trae aparejada una pretensión de desalojo y/o desocupación de tierras ocupadas de manera tradicional por miembros de comunidades aborígenes”.
También, Odarda le indicó al juez que la comunidad Quintriqueo está en el listado de las comunidades para ser relevadas según lo determina la ley.
En ese escrito, Sánchez le pidió al juez de Villa La Angostura que suspenda la ejecución de la sentencia que ordena el desalojo en el marco de la ley especial 26.160.
Solicitó que se incorpore la nota del INAI y que cumpla “con la manda del artículo 2° de la Ley 26.160 y ordene la suspensión del presente trámite de ejecución de sentencia, hasta tanto se cumpla con el proceso de relevamiento territorial en curso y ordenado por la misma Ley”.
En 2016, el entonces juez civil de Junín de los Andes Andrés Luchino admitió la demanda de Broers y ordenó desalojar a Pascual Filidoro Quintriqueo, la comunidad mapuche Lof Quintriqueo y de toda otra persona que se encuentre ocupando el lote 42.
Esa sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del interior de la provincia y por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Por eso, es que Broers pidió ejecutar la sentencia.
