Ambos quedaron procesados por los delitos de lesiones graves que sufriera un vecino poblador de Villa Traful, Rojelio Cuevas, un anciano discapacitado de 75 años, y también “por haberlo amenazado con una arma de fuego para que se retire del lugar donde vivió toda su vida”, según los hechos escuchados en la audiencia.
En una actividad de justicia de excepción, celebrada de urgencia con habilitación día y horario inhábil, tratándose este viernes del feriado dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, se desarrolló ante el juez penal Juan José Nazareno Eulogio, audiencia de formulación de cargos contra un guardafauna que presta servicios en Villa Traful, y también contra su hijo, empleado del EPEN en dicha localidad, en ocasión de imputárseles distintos delitos de acción pública; habiendo requerido prisión preventiva la querella particular actuante por los derechos de las víctimas.
La acusación pública representada por el fiscal del caso Adrián De Lillo -colaborando el letrado Gustavo Vázquez, auxiliar de dicha dependencia- pidió una investigación penal por un plazo de 4 meses, y también se requirieron medidas de coerción contra los imputados a fines de evitar mayores daños a la integridad de las víctimas oriundas del lugar.
Según fuentes judiciales, se le atribuye a los acusados, que el día 20 de mayo pasado, siendo aproximadamente las 09:30 horas, en circunstancias en que se encontraban en el sector denominado “La Casa de los Corrales”, de la localidad de Villa Traful, con intención de causar un daño físico, golpearon a Rojelio Cuevas en diferentes partes de su cuerpo, valiéndose cada uno de maderas de coihue, provocándole a la víctima en consecuencia de ello, escoriaciones superficiales en región subescapular izquierda con dolor local; y fractura desplazada de cúbito izquierdo.
En las mismas circunstancias de tiempo y lugar, se lo acusa al guardafauna de amenazas calificadas, por extraer un arma de fuego de su cintura, tipo revolver de color negro, y apuntar contra el anciano, ya fracturado en su brazo por el golpe con la madera previamente recibido, para luego amenazarlo al decirle en forma textual “…Te voy a matar viejo de mierda, y te voy a tirar a los perros…”.
A su turno, concedida la palabra por el juez Eulogio, efectuó acusación el abogado Cristian Hugo Pettorosso en representación de la querella privada, actuando por la defensa de los derechos del discapacitado Rojelio Cuevas, su tutora legal Martina Cuevas y el resto de la familia.
Pettorosso se sumó a la acusación fiscal, pero criticó la tarea de investigación desarrollada hasta el momento, alegando que existían otros hechos criminales más graves aún que los enrostrados por De Lillo en esa audiencia, sosteniendo el letrado el robo en despoblado y en banda que sufrieran sus clientes cuando fueron atacados por segunda vez, conforme hechos denunciados en la Comisaría de Villa Traful en fechas 27 y 28 de agosto pasado.
Efectivamente, Cristian Pettorosso se distanció del pedido fiscal, y sostuvo la necesidad encarcelar preventivamente a los acusados, por considerarlos sujetos en peligrosos; reclamando al juez que sean inmediatamente detenidos para mitigar riesgos en la investigación y soslayar posibilidades que sufran nuevos ataques la familia Cuevas que se encuentra bajo su asistencia profesional.
Para fundar este pedido de prisión preventiva, los Cuevas denunciaron haber sufrida amenazas calificadas y coacción agravada, efectuadas en 20 de mayo y 27 de agosto pasados por los acusados, con fines de ser sacados del lugar donde habita su familia desde el año 1907.
Criadero ilegal de fauna salvaje
Asimismo, Pettorosso denunció que el guardafauna incriminado está vinculado a un criadero ilegal de chachos jabalíes en cercanías del predio en conflicto, quien actuaría en connivencia de un guardaparque con jurisdicción en la zona; aportando la familia cuevas evidencias de dicha actividad ilegal.
También denunció el acusador privado el desmonte ilegal efectuado dentro del Parque Nacional y la posible existencia de una organización ilícita conformada por funcionarios de Provincia y Nación, tendientes a despojar de la tierra a sus clientes que viven en la zona como pobladores, siendo una familia asentada en ese privilegiado lugar desde hace más un siglo.
Pettorosso también pidió que permanezca apostado en el lugar de los hechos, el grupo especial de policías provenientes de Junín de los Andes, destinado a custodiar a la familia Cuevas.
Foto: Cría ilegal de fauna salvaje, imagen obrante en la causa
La defensa de los acusados estuvo representada por dos abogados particulares de la ciudad de Neuquén.
Finalmente, y luego de escuchar a todas las partes, el juez Nazareno Eulogio tuvo por formulados los cargos contra ambos imputados, no haciendo lugar por el momento al pedido de prisión, pero resolviendo distintas medidas de prevención a favor de las víctimas, con expresa indicación efectuada a los acusados, que ante cualquier otro inconveniente que sufra la familia Cuevas los acusadores podrán requerir la detención ya pedida por Pettorosso.
