El operativo, en cumplimiento de la orden judicial, se realizó en las inmediaciones de la ruta nacional 40 para desalojar los predios donde se habían asentado familias mapuches desde hace más de 5 años.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hizo este miércoles un balance del desalojo en Villa Mascardi con los jefes de las cuatro fuerzas federales en una jornada en la que hubo críticas de organismos de DDHH, desde donde cuestionaron a la jueza federal interviniente y exigieron que el Ejecutivo reabra una mesa del diálogo con la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu.
Fernández mantuvo un encuentro en la sede del Ministerio con los responsables de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las fuerzas que integran el comando unificado de Villa Mascardi asentado en Bariloche que desplegó 250 efectivos en las inmediaciones de la ruta nacional 40 para desalojar predios donde se habían asentado familias mapuches.
El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de la orden judicial de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien dispuso “hacer cesar el delito” en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, para lo cual decretó el secreto de sumario, en un caso en el que además interviene la fiscal Cándida Etchepare.
Siete mujeres de la comunidad fueron detenidas durante el procedimiento y llevadas a una dependencia de la PSA mientras este miércoles continuaron los rastrillajes en búsqueda de otros integrantes de Lof, quienes podrían haberse replegado “montaña arriba”, según la evaluación de los oficiales a cargo del operativo; entretanto, personal de Gendarmería permanece en los lugares desalojados para evitar un posible reingreso de personas.
“El resultado ha sido positivo porque nuestra intención siempre fue poder entrar con el cuidado del caso, sin armas letales”, remarcó Fernández en diálogo con la TV Pública.
Asimismo, contó que habló con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y que “en líneas generales” ambos estuvieron de acuerdo en el análisis.
“Lo hicimos con silencio y con cuidado”, señaló el titular de la cartera de Seguridad.
También, indicó que “el trabajo que la jueza María Silvina Domínguez y la fiscal (María Cándida Echepare) llevaron a la práctica fue muy claro”.
Además, Fernández desmintió que se hayan producido disparos o agresiones: “Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales. Ni un rasguño siquiera. Me cansé de escuchar que hubo agresiones y disparos”.
En cuanto a las detenciones que se produjeron durante el operativo, sostuvo que todos los detenidos “fueron trasladados, salvo una señora embarazada que fue primero al hospital, a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.
Y en el caso de los niños y niñas presentes en los predios, agregó el ministro, intervino el área de Minoridad de la provincia y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Por la noche, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) criticaron a la jueza Domínguez por informar a los abogados defensores que “van a trasladar a las mujeres mapuches detenidas a la Ciudad de Buenos Aires”, y denunciaron que a los letrados “no les dan más información sobre esa medida”, lo cual, advirtieron “no está bien, está mal”, advirtieron desde Twitter.
“Más de 36 horas después, siguen detenidas siete mujeres mapuches, una de ellas con 40 semanas de embarazo, y dos niñes de meses. Están alojadas en la sede de la PSA”, habían cuestionado previamente desde el Cels.
La postura de los organismos de DDHH
Horas antes, organismos de derechos humanos, entre ellos el Cels, emitieron un comunicado en el que expresaron que “la forma de dirimir los conflictos debe ser a través de una Mesa de Diálogo entre las partes y no con el recrudecimiento de políticas represivas”.
“Una vez más señalamos que los derechos de los pueblos originarios tienen rango constitucional (artículo 75 inciso 17 de la Constitución) entre los que se encuentra el del acceso a los territorios que reivindican, la educación plurilingüe y el reconocimiento de su identidad cultural. Como todos los derechos consagrados en la Constitución, deben ser respetados”, subrayaron.
Y además manifestaron la “preocupación” por la conformación del comando unificado para la zona de Villa Mascardi, destinado al “aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad” y propusieron que se convoque a “una mesa de diálogo que incluya a todos los sectores y con un fuerte respaldo político institucional”.
Entre los organismos firmantes se encontraron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), el Cels y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
En tanto, referentes de diversas comunidades del pueblo mapuche tehuelche continuaron con una serie de medidas y críticas al accionar de las fuerzas de seguridad sobre la Lof Lafken Winkul Mapu.
Por la mañana integrantes de la Mesa de Barrios Populares realizaron en Viedma una movilización frente al Poder Judicial en reclamo de tierras y en repudio al desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Para Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Lof Quemquemtreu, una recuperación territorial mapuche emplazada en la Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, es “lamentable lo que estamos padeciendo”.
“Es por ese desequilibrio de fuerzas que los medios hegemónicos siempre instalan un relato que pone al pueblo mapuche en un lugar de vandalismo, de terrorismo, de delincuencia”, advirtió Maicoño en declaraciones a Télam..
La portavoz del Lof Quemquemtreu cuestionó que al pueblo mapuche se lo acuse permanentemente de “hacer peligrar la soberanía del pueblo argentino” cuando “en realidad todos esos territorios están quedando en manos extranjeras con la complicidad de los gobiernos”, puntualizó en referencia -entre otros casos- a la figura del magnate inglés Joseph Lewis y sus propiedades alrededor de Lago Escondido.
También el dirigente social Hugo Aranea, werken (vocero) de la comunidad mapuche Waiwen Kurruf y secretario general de CTA Autónoma Viedma, rechazó el operativo de desalojo del martes.
“Desde el pueblo mapuche-tehuelche tenemos más de 200 años de lucha y resistencia. Esto forma una parte más del avance de sectores de derecha, pero la lucha no termina, la lucha sigue”, afirmó Aranea.
