Así se lo notificaron en una nota que cuatro concejales firmaron. Le indicaron al intendente que no avalarán “un acuerdo conciliatorio con el fin de modificar lo resuelto”, que fue la destitución del exsecretario de Economía por mal desempeño.
Los concejales que aprobaron el procedimiento de juicio político contra el entonces secretario de Economía de la municipalidad, Daniel Brito, y que lo destituyeron del cargo por mal desempeño en sus funciones, no comparecerán a la audiencia de conciliación convocada para este miércoles por el juez en lo contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini, que tiene la demanda presentada por Brito que reclama la nulidad de todo lo actuado.
Así lo informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL desde el Concejo Deliberante al intendente Fabio Stefani, en una nota que el enviaron el lunes y que firman el presidente del Concejo interino Walter Espíndola, los concejales del Frente de Todos María Eugenia Mesa y Catriel Barberis y la concejala de Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza.
“Mediante la presente y en respuesta al memo 05/22 de Asesoría Legal e Intendencia que fue enviada al presidente del Concejo Deliberante a través de secretaría privada, le hacemos saber que conforme la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 120, inciso 42, son deberes y atribuciones de intendente representar a la Municipalidad de Villa La Angostura en todo proceso judicial y extrajudicial”, respondieron los cuatro concejales.
Y le indicaron a Stefani que el Concejo Deliberante “queda a disposición para prestar la colaboración y documentación que sea requerida”.
“Y adicionalmente se informa mediante la presente que el Sr. Intendente carece de competencias para modificar lo resuelto en el juicio político contra el Sr. Brito Daniel Alejandro, por lo que este cuerpo no avalará un acuerdo conciliatorio con el fin de modificar lo resuelto en el antes mencionado juicio político”, le advirtieron a Stefani.
Fuentes legislativas informaron que esa decisión los cuatro concejales la tomaron en una reunión que tuvieron el lunes con la asesora legal del Concejo Deliberante, Claudia Crocco.
Comentaron que los concejales entienden que la demanda promovida por Brito es contra la Municipalidad, no contra los concejales.
Se trata de una demanda contencioso administrativa que busca anular una resolución. En este caso la que destituyó a Brito del cargo de secretario de Economía.
Brito fue sometido a juicio político por irregularidades administrativas en contrataciones para la Fiesta de los Jardines 2020, sobre todo, el caso de Jimena Barón, por un intento de concurso de precio para los seguros del Municipio y una denuncia de presuntos malos tratos al personal municipal.
Son sanciones administrativas, porque ningún concejal denunció penalmente a Brito por hechos vinculados con presunta corrupción o desmanejos de fondos públicos.
Brito presentó a finales del 2020 la demanda en el juzgado en lo contencioso administrativo de Zapala, que tiene jurisdicción sobre Villa La Angostura y la zona sur de la provincia.
En la demanda administrativa para anular el juicio político en su contra advirtió que los concejales cometieron irregularidades en el procedimiento. Por eso, pidió una medida cautelar para suspender el proceso mientras el juez analizaba el reclamo de fondo.
El juez ordenó a mediados de enero pasado a los concejales suspender el proceso del juicio político y no sesionar el viernes 15 de enero del 2021.
Un conflicto que derivó en una causa penal
Los concejales no acataron y sesionaron. El presidente del Concejo Deliberante convocó antes de las 8 a los concejales, cerraron las puertas del edificio y abrieron la sesión.
A las 8, cuando se presentó una escribana para notificar la orden del juez Nicolini se encontró con esa situación. Los concejales sesionaron y votaron la destitución de Brito por mal desempeño.
Todo ese conflicto derivó en una causa penal. En un primer momento, la fiscalía imputó a la concejala del Pro, Marta Noemí Cicconi, a sus pares del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Sergio Javier Troche (que renunció al cargo), los concejales del MPN, Walter Luis Espíndola y Ruth Melisa Salamanca y de la concejala del bloque Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza, pero meses después los desvinculó de la causa penal porque no surgieron evidencias de que habían sido notificados de la orden del juez. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la imputación contra el presidente del Concejo Deliberante, el emepenista David Tressens Ripoll.
El viernes pasado, el juez Maximiliano Bagnat admitió la acusación fiscal contra el presidente del Concejo, en uso de licencia, y envió la causa a juicio oral y público. La defensa particular de Tressens Ripoll había pedido su sobreseimiento, pero el magistrado concluyó que el caso vaya a juicio.
Tressens Ripoll será juzgado en fecha a definir acusado por los delitos de desobediencia a una orden judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
