Deben votar el proyecto que plantea suspender al expresidente del Concejo Deliberante. Así lo ordena la Carta Orgánica Municipal cuando un funcionario público está imputado de un delito y la causa es elevada a juicio, como ocurre en este caso.
Los concejales sesionarán este miércoles y uno de los asuntos que tienen previsto tratar es el expediente que promueve la suspensión en el cargo de David Tressens Ripoll en virtud de la elevación a juicio de la causa en la que está imputado.
Fuentes legislativas adelantaron que los concejales del MPN y del Frente de Todos votarán a favor de la suspensión de Tressens Ripoll en el cargo de concejal. Con esos votos alcanza para aprobar el proyecto.
La suspensión procede, según explicaron las fuentes, porque se debe aplicar el artículo 255 de la Carta Orgánica Municipal. Ese artículo establece: “Cuando la autoridad judicial competente haya dispuesto la prisión preventiva o haya formulado requisitoria de citación a juicio al intendente, concejales o miembros de los órganos de control, por la comisión de un delito doloso, o culposo de incidencia funcional, el Concejo Deliberante debe suspender al funcionario incurso en esa situación. Producida la sentencia firme condenatoria, corresponde la destitución. El sobreseimiento o absolución de los imputados restituye a éstos la totalidad de sus facultades”.
La normativa indica que el Concejo Deliberante “debe adoptar estas decisiones en la sesión siguiente al conocimiento de las respectivas resoluciones judiciales”.
Apertura a juicio
El 30 de septiembre pasado, el juez Maximiliano Bagnat admitió la acusación de la fiscalía contra Tressens Ripoll por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por desobediencia a una orden judicial y dispuso la apertura de la causa a juicio oral y público.
El asistente letrado Ramiro Amaya formuló la acusación contra el presidente del Concejo en uso de licencia hasta ese momento, a partir de las pruebas recolectadas en la investigación preparatoria que comenzó en febrero del año pasado.
El defensor particular Sebastián Leguizamón Charif había pedido el sobreseimiento de Tressens Ripoll, pero el juez entendió que esa situación se tiene que debatir en el juicio.
El 10 de junio pasado, el fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial Fernando Rubio requirió la apertura a juicio de la causa penal en la que está imputado Tressens Ripoll.
Rubio solicitó elevar la causa a juicio porque concluyó que la investigación, que la fiscalía de Villa La Angostura llevó adelante durante 16 meses, arrojó fundamentos suficientes para someter a juicio al concejal emepenista por los dos delitos que se le atribuyen.
El 12 de febrero del año pasado, el juez de garantías Nazareno Eulogio admitió los cargos que Rubio y el asistente letrado de la fiscalía de Villa La Angostura formularon contra Tressens Ripoll y 6 concejales como coautores del delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. Al presidente del Concejo lo acusaron además en esa audiencia por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
A principios de julio del 2021, Rubio pidió el sobreseimiento de la concejala del Pro, Marta Noemí Cicconi, de sus pares del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Sergio Javier Troche (que renunció al cargo), de los concejales del MPN, Walter Luis Espíndola y Ruth Melisa Salamanca y de la concejala del bloque Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza. Sin embargo, mantuvo la imputación contra el presidente del Concejo Deliberante.
Un caso político que se judicializó
La causa se originó a partir de la sesión que los concejales hicieron el 15 de enero del año pasado para dictar el veredicto del juicio político que llevaron adelante contra el entonces secretario de Economía municipal, Daniel Brito, que fue destituido del cargo por mal desempeño.
La fiscalía acusa a Tressens Ripoll de haber desobedecido la orden que el juez contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini dictó para suspender la sesión especial de ese 15 de enero del 2021 y el procedimiento del juicio político contra Brito.
La notificación la envió un día antes. Sostiene que el entonces presidente del Concejo estaba en conocimiento de esa orden judicial, según declararon testigos en la causa, pero no la acató.
Lo acusó además a Tressens Ripoll por “haber cerrado las puertas del edificio para evitar que se supiera lo que estaban haciendo y abrirlas tarde”, cuando ya estaba iniciada la sesión. Para lograr eso, convocó a los concejales a primera hora de la mañana para empezar la sesión antes de las 8 y a puertas cerradas. De esa forma ejecutaron la destitución de Brito.
