Así lo aseguró Edgardo Cendra desde la Banca del Vecino, en su exposición en la sesión de este miércoles en el Concejo Deliberante. Estuvo acompañado y asesorado por Gerardo Minnaard. Ambos presentaron días atrás un proyecto de ordenanza para regular el tema de las excepciones a privados.
“Nos encontramos en un estado de excepción permanente. Y esto, la excepción del derecho, que favorece a los más poderosos, a los gobernantes, a los ricos, a aquellos que gozan de la impunidad o que pueden pagar para inclinar ciertas decisiones a su favor”, advirtió Edgardo Cendra desde la Banca del Vecino, en la sesión que se hizo este miércoles, en el Concejo Deliberante.
Y advirtió que hay más de un 90% de las obras o contraprestaciones comprometidas a cambios de excepciones a las normas urbanísticas autorizadas por el Concejo Deliberante a privados que no se terminaron.
“En un pleno análisis de las excepciones en cuanto a la cantidad, su resultado en cuanto al cumplimiento de lo que se ha mal llamado responsabilidad empresarial, tenemos que, en un porcentaje agravado, de más del 90% no se ha verificado en forma completa y acabada la contraprestación ofrecida”, indicó Cendra, que estuvo asesorado por el dirigente de Libertad Avanza y exauditor municipal, Gerardo Minnaard.
“En algunos casos directamente no se hizo nada, no se reclamó nada, y así se trasmitieron las propiedades involucradas. Solo se verificó las construcciones o desarrollos con las excepciones otorgadas, sin las cuales no se podría haberse llevado a cabo las mismas”, señaló.
Un proyecto
Cendra y Minnaard presentaron a principios de este mes un proyecto de ordenanza para regular el tema de las excepciones que permiten los concejales.
La iniciativa propone que toda norma de excepción a los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación vigentes en Villa La Angostura “deberá contar con un informe escrito y firmado con su parecer del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Complade), del Colegio de Arquitectos local, así como también de las Juntas Vecinales que corresponda a la jurisdicción del proyecto en cuestión”. “Los informes deberán formar parte del expediente de excepción”, indica el proyecto.
Plantea que los trámites de excepción “deberán ser dados a publicidad con una antelación de por lo menos sesenta días corridos a la fecha de su tratamiento por el Concejo Deliberante”.
“De la misma manera, los trámites deberán ser exhibidos en lugares de fácil acceso al público; en la sede del Concejo Deliberante, en dependencias municipales y en las instituciones intermedias y Juntas Vecinales que deben ser consultados”, prevé el proyecto presentado en el Concejo.
Aclara que esos requisitos enunciados “no será necesario cumplimentarlos en los trámites de excepciones al Código de Edificación que tengan como finalidad exclusiva permitir modificaciones edilicias de viviendas unifamiliares siempre y cuando no contravengan otras normas vigentes”.
“Quedan expresamente prohibidas las excepciones en terrenos cuya superficie sea menor a los cuatrocientos metros cuadrados, exceptuando los casos contemplados” en el proyecto que impulsan Cendra y Minnaard.
Responsabilidad social empresaria
Cendra argumentó desde la Banca del Vecino que la responsabilidad social empresarial como pacto voluntario de las empresas con la sociedad por ayudar a alcanzar objetivos de sostenibilidad incluyendo ambientales, “es un argumento para lograr ventajas empresariales en el mercado”.
“Esta propuesta consiste en diseñar un plan de responsabilidad social empresarial para todos los actores que interactúen en la ciudad de Villa La Angostura”, indicó en relación al proyecto presentado.
“En ninguna de las ordenanzas en cuestión se ha fijado un valor al desarrollo de la excepción. No ha habido un estudio serio o se ha conmensurado seriamente el valor de lo pedido u otorgado”, señaló.
“A veces con un kilo y dos pancitos se ha podido realizar un volumen no permitido por los códigos de aplicación. Esto -por supuesto- no habilita a pensar en acto de corrupción alguno. Pero no es, al menos una buena práctica o técnica legislativa”, sostuvo Cendra.
Establecer pautas
“¿Por qué es necesario un protocolo o un procedimiento para otorgar una excepción?
Es necesario establecer pautas mínimas en relación con el abordaje, atención y prácticas profesionales respecto del otorgamiento de excepciones en contra de la Carta Orgánica Municipal y los códigos de edificación de Planeamiento territorial y otros para ser consideradas por todos los actores del Sistema. Porque se atende así, a la necesidad de optimizar las metodologías de abordaje de situaciones posibles de ser alcanzadas o ya alcanzadas; proponiéndose la elaboración de protocolos de actuación”, aclaró.
“Los mismos contemplarán las particularidades de cada caso, con el fin de garantizar su
aplicación en todo el territorio local. Esto es así también porque no basta con la voluntad discrecional de los legisladores que en oportunidades de canjear figuritas de excepciones o de otras situaciones de momento, logran aunar los mínimos requeridos para sancionar. Y esto repugna al sistema republicano”, concluyó Cendra.
