Una vecina de Villa Traful, administradora de un camping, formuló recientemente una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Zapala, por daño ambiental e incumplimiento de los deberes de la función pública, contra las autoridades de Administración de Parques Nacionales.
Elizabeth Martina Cuevas reside en el camping “La Máquina” ubicado frente al lago Traful, y presentó hace días atrás una denuncia criminal ante la justicia federal, contra el jefe de la Seccional Norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, guardaparque Diego Schro; y también pide que se investigue a su superior jerárquico, el Intendente Horacio Agustín Paradela.
Según sostiene la denunciante, la Administración de Parques Nacionales ha derribado de forma clandestina miles de árboles de un bosque nativo con especies arbóreas protegidas, que se encuentra cercano a Villa Traful, en un predio habitado por su familia hace más de cien años; para hacer -según denuncia Martina Cuevas- un camino de montaña que no cumple con las exigencias que ordena la ley nacional de protección ambiental de los bosques nativos.
Acompañada por su abogado Cristian Hugo Pettorosso, presentó ante el Ministerio Público Fiscal Federal de Zapala, distintas evidencias y ofrecimientos de otras pruebas que acreditan -conforme lo denunciado- actividad ilícita de las autoridades públicas encargadas de proteger y resguardar el patrimonio ambiental del Parque Nacional.
Al respecto, dijo la damnificada Martina Cuevas “se hizo un camino de kilómetros de extensión, derribando árboles centenarios con máquinas pesadas a las cuales se las contrató de palabra, eludiendo formalidades, y talando absolutamente todo lo que se encontraron por delante, para posibilitar el acceso de personas extrañas al lugar y generar conflictos con mi familia que es pobladora originaria; y todo esto lo hicieron el guardaparque jefe Diego Schro y otros, en connivencia con los intrusos y sin el correspondiente estudio de impacto ambiental ni la consulta pública que dispone la ley de protección del medioambiente. El guardaparque denunciado dirigía personalmente en el lugar la operatoria de las maquinarias e indicaba qué árboles voltear para hacer el camino. Es impresionante la cantidad de hectáreas que arrasaron, tirando especies coihues, radales, lengas, cipreses, ñires, maitenes. No sabemos qué hicieron con tanta madera”, concluyó la mujer.
Al ser preguntado por este medio, el letrado Cristian Pettorosso agregó “la ley es muy clara en esta materia, y dispone que toda persona, es decir, la sociedad, tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, del bosque en este caso y de la fauna que también es afectada al destruir su ambiente natural de hábitat. Incluso todo el pueblo de Villa Traful debió ser consultado, no solo mis clientes que son pobladores de la zona; y así abrirse a un debate en audiencia pública donde todos los ciudadanos que tengan interés pudieran ser escuchados, incluyendo las instituciones”.
Continuó Pettorosso, “es difícil de creer que semejante despliegue de maquinarias y equipos pesados de dudosa contratación, con tantos operarios destrozando el bosque en tareas que posiblemente necesitaron semanas o meses de trabajo, actuando tan indisimuladamente al margen de la ley, se haya hecho sin el conocimiento de la Intendencia de la Administración de Parques Nacionales; y por esa razón, hemos pedido a fiscalía que se investigue el accionar de los funcionarios responsables de la jurisdicción Nahuel Huapi, empezando por la jefatura de guardaparque y hasta la propio intendente con asiento en Bariloche. Quienes ejercitan la función pública deben brindar explicaciones de sus actos de gobierno, máxime a requerimiento judicial”.
Dijo Cuevas “tenemos pruebas que ya aportamos a la justicia, que acreditan los delitos que estoy denunciando.”
En el ámbito local, recordó Pettorosso que estos hechos guardan relación con otra denuncia penal tramitada meses atrás en la fiscalía de Villa La Angostura -también efectuada por la familia Cuevas- donde se encuentra procesado el guardafauna Mario Omar Inostroza por haber lesionado gravemente mediante golpes con un palo, a un anciano discapacitado para luego amenazarlo de muerte empuñando un arma de fuego. Fuentes consultadas con acceso al expediente, aseveraron que Inostroza le dijo a su víctima “te voy a matar viejo de mierda, y te voy a tirar a los perros”.
En esa misma causa, el abogado Cristian Pettorosso ejercita la acusación querellante en defensa de los derechos de la familia victimizada, asistiendo también a Rogelio Cuevas, el minusválido que resultara fracturado en uno de sus brazos antes de ser amenazado con un revolver por el funcionario de fauna Inostroza, denunciándose en la audiencia de formulación de cargos llevada a cabo a mediados de septiembre pasado, la existencia de un criadero ilegal de fauna salvaje -chanchos jabalíes- en un predio donde vive la pareja del mismo guardaparque que ahora está imputado por dañar el bosque nativo, según se supo de la denuncia que fuera instada en sede federal. En aquella oportunidad, el abogado Pettorosso pidió la inmediata detención en prisión del guardafauna, y el fiscal Adrián De Lillo, a su turno, clamó por el arresto domiciliario, pero el juez penal Juan José Nazareno Eulogio no hizo lugar a ninguna de las medidas solicitadas por los acusadores, fijándole solo cautela de prohibición de acercamiento.
“Quiero que se los investigue a fondo, porque es muy grave todo lo que esta pasando. Es sumamente extraño que puedan manejarse con tanta impunidad, tan arbitrariamente, cometiendo delitos tan serios y que sigan en funciones, que no se los aparte preventivamente de sus cargos”, finalizó indignada la denunciante.
