En la primera jornada del juicio contra el expresidente del Concejo Deliberante, el emepenista David Tressens Ripoll, declararon varios testigos. La exsecretaria parlamentaria relató ante el juez que el imputado estaba en conocimiento de la orden judicial que suspendía la sesión del 15 de enero del 2021, pero no la acató. Difundió los audios de WhatsApp que intercambiaron en esa ocasión.
En la primera jornada del juicio contra el expresidente del Concejo Deliberante de Villa La Angostura, el emepenista David Tressens Ripoll, que está imputado por la fiscalía de incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial, hubo un testimonio destacado que lo comprometió al acusado.
Fuentes que observaron el desarrollo de la audiencia que se hizo este martes por la mañana informaron que la exsecretaria parlamentaria del Concejo Deliberante Magalí Díaz declaró que Tressens Ripoll estaba notificado de la suspensión de la sesión por orden del juez en lo contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini.
Según las fuentes que siguieron el desarrollo de la audiencia, Díaz recordó que la orden del juez era suspender la sesión especial convocada para el 15 de enero del 2021 para definir el juicio político contra el entonces secretario de Economía de la municipalidad, Daniel Brito.
La testigo ofrecida por la fiscalía relató ante el juez Juan Pablo Balderrama que Tressens Ripoll le indicó el jueves 14 de enero del 2021 que la sesión se atrasaba para las 9 del día siguiente.
Declaró que después de las 22 de ese jueves 14 de enero, Tressens Ripoll le pidió que concurra alrededor de las 7 del día siguiente al Concejo Deliberante porque los concejales iban a sesionar igual.
Díaz aportó además los audios de WhatsApp que intercambió en esa ocasión con el entonces presidente del Concejo Deliberante. Al final, la sesión comenzó a puertas cerradas ese 15 de enero del año pasado, recién permitieron el acceso del público a partir de las 8. Todo finalizó con la destitución de Brito por mal desempeño en sus funciones.
La fiscalía comenzó a investigar lo sucedido y recibió varias declaraciones, entre ellas, la de la Díaz, que era la secretaria parlamentaria. Pocos días después, fue despedida del Concejo Deliberante.
Este martes declararon en el juicio los testigos ofrecidos por el fiscal jefe Fernando Rubio, que intentará probar que Tressens Ripoll cometió los delitos atribuidos. Mañana será el turno de los testigos ofrecidos por el defensor particular Sebastián Leguizamón Charif, que tratará de demostrar que el imputado no desplegó ninguna conducta delictiva y que corresponde su absolución.
Las autoridades judiciales instalaron una pantalla gigante en la Mutual Policial para seguir las audiencias del juicio por la falta de espacio en el edificio local del Poder Judicial.
Una causa compleja
El 12 de febrero del año pasado, el juez de garantías Nazareno Eulogio admitió los cargos que Rubio y el asistente letrado de la fiscalía de Villa La Angostura Ramiro Amaya formularon contra Tressens Ripoll y 6 concejales como coautores del delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. Al presidente del Concejo lo acusaron además en esa audiencia por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
A principios de julio del 2021, Rubio pidió el sobreseimiento de la concejala Marta Cicconi, del Pro, de sus pares del Frente de Todos, Mesa y Sergio Javier Troche (que renunció al cargo), de los concejales del MPN, Espíndola y Salamanca y de Agustina Vaca Arenaza, de Primero Angostura. Sin embargo, mantuvo la imputación contra el presidente del Concejo Deliberante. La fiscalía siguió adelante con la acusación contra Tressens Ripoll, quien estaba con licencia desde junio pasado.
No obstante, el 30 de septiembre último, el juez Maximiliano Bagnat admitió la acusación de la fiscalía contra Tressens Ripoll por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por desobediencia a una orden judicial y dispuso la apertura de la causa a juicio oral y público.
Por eso, a principios de octubre el Concejo Deliberante lo suspendió por 6 meses sin remuneración, en cumplimiento de lo que establece la Carta Orgánica Municipal, cuando un funcionario público imputado en una causa penal es llevado a juicio.
