El fiscal jefe Fernando Rubio sostuvo la acusación contra el expresidente del Concejo Deliberante y pidió declararlo autor penalmente responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de incumplir una orden judicial, mientras que la defensa alegó por la inocencia. El viernes se conocerá el veredicto.
El fiscal jefe Fernando Rubio pidió este miércoles al juez Juan Pablo Balderrama que declare autor penalmente responsable al expresidente del Concejo Deliberante de Villa La Angostura, el emepenista David Tressens Ripoll, de haber incumplido los deberes de funcionario público y de desobedecer una orden judicial.
En cambio, el defensor particular Sebastián Leguizamón Charif, solicitó la absolución de su asistido.
“Quiero dejar constancia que ¡jamás tuve la intención de contravenir o infringir una orden judicial o incumplir una orden judicial o un acto propio de mis funciones!”, expresó Tressens Ripoll antes de que finalizara la audiencia que se transmitió por videoconferencia en una pantalla gigante que se instaló en la Mutual Policial de Villa La Angostura. El juez Juan Pablo Balderrama informó que el viernes a las 13 informará el veredicto.
Este miércoles se desarrolló la segunda jornada del juicio oral y público contra el expresidente del Concejo Deliberante acusado por la fiscalía de haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de desobedecer una orden judicial.
Antes de los alegatos de la fiscalía y la defensa, declararon los concejales del MPN Melisa Salamanca y Walter Espíndola.
El asistente letrado de la fiscalía Ramiro Amaya abrió los alegatos ante el fiscal y expuso detalles de la investigación del caso. Después, Rubio completó el alegato de la fiscalía que sostuvo la acusación.
“El dolo abarca el conocimiento de la existencia de la orden y de que es su destinatario”, explicó Rubio. “También ha quedado probado que, mas allá de las atendibles declaraciones del señor Tressens, ha quedado acreditado que sí conocía la orden (judicial) y que por supuesto él era el destinatario. Él era quien debía fijar la audiencia en desobediencia a la orden judicial”, señaló el fiscal jefe.
Planteó que el juez en lo contencioso administrativo de Zapala Matías Nicolini tenía plena competencia para dictar la orden, para suspender la sesión convocada para el 15 de enero del año pasado donde se resolvió el juicio político contra el exsecretario de Economía municipal, Daniel Brito. Para la fiscalía, la notificación de esa orden fue fehaciente.
El juicio comenzó el martes cuando declararon varios de los testigos ofrecidos, sobre todo, por la fiscalía.
El caso
Según la fiscalía, Nicolini ordenó el jueves 14 de enero del 2021 suspender la sesión convocada para el día siguiente. Sin embargo, Tressens Ripoll desobedeció y convocó a los concejales a sesionar antes de las 8 al día siguiente.
La sesión comenzó a puertas cerradas y recién permitieron el acceso del público a partir de las 8. Todo finalizó con la destitución de Brito por mal desempeño en sus funciones.
La fiscalía comenzó a investigar lo sucedido y resolvió imputar en un primer momento a los 7 concejales que sesionaron.
El 12 de febrero del año pasado, el juez de garantías Nazareno Eulogio admitió los cargos que Rubio y Amaya formularon contra Tressens Ripoll y 6 concejales como coautores del delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. Al presidente del Concejo lo acusaron además en esa audiencia por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
A principios de julio del 2021, Rubio pidió el sobreseimiento de la concejala Marta Cicconi, del Pro, de sus pares del Frente de Todos, Mesa y Sergio Javier Troche (que renunció al cargo), de los concejales del MPN, Espíndola y Salamanca y de Agustina Vaca Arenaza, de Primero Angostura. Sin embargo, la fiscalía siguió adelante con la acusación contra Tressens Ripoll, quien estaba con licencia desde junio pasado.
El 30 de septiembre último, el juez Maximiliano Bagnat admitió la acusación de la fiscalía contra Tressens Ripoll por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por desobediencia a una orden judicial y dispuso la apertura de la causa a juicio oral y público.
Por eso, a principios de octubre el Concejo Deliberante lo suspendió por 6 meses sin remuneración, en cumplimiento de lo que establece la Carta Orgánica Municipal, cuando un funcionario público imputado en una causa penal es llevado a juicio.
