Así lo plantearon desde la Banca del Vecino Pablo González y Héctor Vénica en la sesión que se hizo este miércoles. Reclamaron la intervención de las autoridades para resolver el conflicto de las ocupaciones de tierras.
El abogado y escribano local Pablo González en uso de la Banca del Vecino volvió a criticar las ocupaciones atribuidas a la comunidad mapuche Paicil Antriao de Villa La Angostura.
No estuvo solo. El abogado y excandidato a intendente por Nuevo Compromiso Neuquino, Héctor Vénica, se sumó a los cuestionamientos que plantearon en la sesión de este miércoles.
Los dos abogados desconocieron la existencia de una comunidad mapuche en esta localidad. González estuvo en el Concejo Deliberante donde días atrás se hicieron reuniones convocadas por la comunidad Paicil Antriao con referentes de varias organizaciones sociales y políticas.
González volvió a insistir con que no existe una comunidad mapuche en esta localidad y a pedir a las autoridades que resuelvan el conflicto de fondo. Observó que repetir ese concepto no significa que sea verdad. “Nosotros vamos a dejar en claro que es una mentira. Sin ofender a nadie, sin atacar a nadie”, sostuvo según informaron fuentes legislativas.
Aseguró que las acciones últimas organizadas por la comunidad Paicil Antriao fueron “una tomada de pelo a todos nosotros”.
“A ustedes (por los concejales) también, porque ustedes, no dudo, que de buena fe dieron el espacio. Ese espacio no se puede dar ¿por qué? Porque es gente que está delinquiendo, porque son violentos, porque a los violentos no se les da un espacio para justificarse”, aseguró.
“No se justifica la violencia de ningún tipo, de ningún signo político, ni de derecha ni de izquierda, ni de arriba ni de abajo. No se justifica”. enfatizó.
Los ataques vandálicos perpetrados en octubre pasado a máquinas viales de la empresa que construye la avenida de Circunvalación y a dos iglesias locales puso a la comunidad mapuche en el centro de las sospechas. Aunque hasta el momento la fiscalía no informó de ninguna prueba que incrimine a algunos de los miembros de la comunidad como para imputarlos por esos hechos. O por lo menos no se ha informado nada en ese sentido desde el Ministerio Público Fiscal.
Vénica añadió en el Concejo Deliberante que en el año 2006 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le señaló “documentadamente por escrito una respuesta que no había un reclamo territorial”.
“Por otro lado, como bien lo señaló el doctor González, esto comienza en el 2005 las ocupaciones por la fuerza. Había una razón porque se estaba tratando la ley 26160. La ley a la cual constantemente acuden los actuales ocupantes ilegítimos y la mencionan y solicitan estar amparados bajo esa misma norma jurídica fue prorrogada a través del tiempo”, señaló Vénica.
Y citó la discusión parlamentaria que se originó a finales de 2006 cuando se trató el proyecto que se convirtió en la ley 26160 de comunidades indígenas “porque no tiene desperdicio”.
“En el año 2006 cuando se estaba tratando esta ley, justamente la diputada (del MPN) Alicia Comelli de la provincia de Neuquén planteó: porque varios ocupan tierras a sabiendas que nunca les pertenecieron y que en la actualidad están apurando gestiones para ser considerados por el INAI como comunidades indígenas y esto es lo más importante que quiero que todos los sepan”, destacó Vénica en la sesión desde la Banca del Vecino.
Dijo que en esa ocasión Comelli indicó en la Cámara de Diputados afirmaba ese punto de vista “en particular por el ejemplo que se cita en la supuesta comunidad Paicil Antriao”.
