La convocatoria surgió desde la Presidencia del Concejo Deliberante. La sesión será este martes a las 10. El texto de la iniciativa contiene, en principio, fuertes críticas a la comunidad mapuche Paicil Antriao. Se desconoce si lo apoyan todos los bloques.
El presidente del Concejo Deliberante, el emepenista David Tressens Ripoll, convocó a los concejales a una sesión especial para este martes a las 10 para tratar el proyecto de comunicación de repudio a la interrupción de la obra de la ruta de Circunvalación por parte de la comunidad mapuche Paicil Antriao.
Fuentes legislativas comentaron que el proyecto viene dando vueltas hace unos días porque la intención es tratar de que sea aprobado por unanimidad.
Es la primera vez en lo que va de esta gestión que el Concejo Deliberante intenta cerrar filas para pronunciarse contra una protesta de la comunidad Paicil Antriao.
Las fuentes señalaron que Tressens Ripoll propuso el primer borrador de la comunicación, aunque se le hicieron modificaciones y el texto definitivo se conocerá mañana antes de que comience la sesión especial.
LA ANGOSTURA DIGITAL tuvo acceso al borrador que se trabajó de fuentes del Concejo Deliberante. El texto, en definitiva, plantea fuertes críticas a la comunidad mapuche. Es más, desconoce su existencia en sintonía con los planteos que formulan los integrantes del grupo de vecinos, cuyo portavoz es el abogado y escribano Pablo González. En ese grupo participa además Pablo Antriao.
El borrador que se evaluó proponía que el Concejo Deliberante expresaba a la comunidad Villa La Angostura su “más enérgico repudio a los hechos delictivos suscitados en la obra de la ruta de Circunvalación”.
Además, instaba “a las autoridades judiciales competentes a tomar medidas conducentes para que, al amparo de las leyes vigentes se logre que la seguridad jurídica de las personas y los bienes y obras Públicas de Villa La Angostura, como así también la paz social, no se vean afectados sistemáticamente por hechos delictivos sin que se identifique a los responsables y se los juzgue dentro de los plazos razonables”.
La idea es enviar una copia de la comunicación que se tratará mañana al gobernador, Omar Gutiérrez, autoridades del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, jueces en todos los fueros”. Mañana se conocerá si el proyecto logra el consenso necesario.
La protesta
El conflicto en la ruta de Circunvalación comenzó el 19 de enero pasado, cuando un grupo de miembros de la comunidad Paicil Antriao se instaló en inmediaciones del cruce de la calle Antriao y la traza como forma de protesta.
Exigieron al gobierno provincial y al INAI que le entreguen la carpeta técnica del relevamiento territorial que contendrá las hectáreas que el Estado nacional reconoce a la comunidad mapuche Paicil Antriao en esta localidad.
Además, denunciaron el daño ambiental causado por las máquinas que hacen el movimiento de suelos como parte de la obra. Desde las empresas explicaron que los trabajos están paralizados desde entonces y no pudieron avanzar en los últimos 40 días.
La comunidad Paicil Antriao anticipó que no se irá de ese lugar hasta no tener la carpeta técnica.
Días atrás hubo una manifestación de vecinos que exigieron la finalización de la obra y repudiaron la protesta mapuche.
Repudio
Por eso, el borrador expresaba el repudio enfático del Concejo Deliberante contra lo que definen como “el accionar coercitivo y perjudicial para el desarrollo de nuestro pueblo ejercido por parte de la autoproclamada comunidad mapuche ocurridos en la obra de la ruta de Circunvalación, esgrimiendo supuestos derechos ancestrales sobre dichas tierras”.
Señalaba que desde hace más de 15 años “se han suscitado conflictos en distintas partes de nuestra localidad y la Patagonia en general, generados en virtud de ocupación de lotes por parte de dicha autoproclamada comunidad mapuche”.
Planteaba que “en el afán de adquirir derechos reales sobre las tierras que exigen, se encuentran vulnerando de manera constante los derechos del resto de los ciudadanos argentinos que habitan en Villa La Angostura, ajustándose constantemente a las normas jurídicamente establecidas, respetando al prójimo, a la propiedad privada, a las normas básicas de conducta social y contribuyendo periódicamente las arcas tanto municipales como provinciales y nacionales a través del pago de tasas e impuestos para el correcto funcionamiento y sostenimiento del Estado en sus distintos estratos”.
En otro párrafo del borrador se señalaba que resultan “contradictorias las exigencias de este grupo de personas en tanto solicitan encuadrarse a la aplicación de la ley 26.160 sobre Comunidades Indígenas, de Pactos Internacionales (Convenio 169 OIT), de nuestra Constitución Nacional y Carta Orgánica Municipal y al mismo tiempo desconocen toda normativa legal en tanto ejercen el comercio sin habilitación comercial alguna, hacen uso y goce ilegítimo de tierras propiedad del Estado sin contribuir con los impuestos básicos y comunes a cualquier habitante de la Nación que se ajusta a las normas”.
