Según datos aportados por fuentes de ese organismo, se tramitan en esa área municipal 480 casos relacionados con situaciones de violencia o de vulneración de derechos.
El nivel de conflictividad social que vive la sociedad de Villa La Angostura se refleja, por ejemplo, en el aumento de las intervenciones que desde la Secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad deben hacer cuando lo requiere la justicia.
Fuentes de esa área municipal informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que se tramitan 480 legajos activos de casos de personas judicializadas que se atienden en la Secretaría de Desarrollo Social.
Explicaron que son intervenciones previstas en las leyes provinciales 2302 de protección integral de los derechos del Niño y del Adolescente; la 2785, de régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar, y la ley 2786 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Las fuentes comentaron que los casos aumentaron “mucho en el momento de la pandemia”, causada por el covid-19, que originó una profunda crisis económica y social.
Esa crisis se sintió con más fuerza en las ciudades y localidades, cuyas economías dependen, sobre todo, de la actividad turística que estuvo prohibida durante casi 10 meses.
“Tenés un promedio de 30 oficios por semana que los tenés que trabajar, tratar e informar al Poder Judicial”, explicaron.
“Cada caso se transformó en un legajo porque antes no estaban armados y los armamos ahora y de esa forma llegamos a tener un número de las situaciones que hay”, sostuvieron.
Comentaron que, por otro lado, se implementó en la Secretaría de Desarrollo Social durante la gestión de Marta Sobarzo, la carga virtual.
De esa forma se aportan datos de situaciones de Villa La Angostura a la estadística provincial. Esa carga se hace de manera diaria. Es una modalidad que se armó el año pasado, indicaron.
En un informe oficial al que accedió este diario se consigna que la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, “fue creada en el año 2022 y es parte de la Secretaría de Desarrollo Social, nace para dar una respuesta más acabada y desarrollar íntegramente el abordaje de las problemáticas vinculadas a la niñez, adolescencia y víctimas de violencia de género”.
“Todo enmarcado en las leyes provinciales 2302 de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, 2785 Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar y 2786 Protección Integral para Prevenir , Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La funcionaria a cargo de la Subsecretaria tiene la profesión de abogada, lo cual favorece al tener un conocimiento de las leyes y poder tener una perspectiva amplia de las situaciones”, destaca el informe.
