Mediante un proyecto de Ley, el Bloque de Legisladores de Unidad Ciudadana solicita que la provincia de Río Negro pague a los barilochenses por el usufructo del Cerro Catedral desde 1985 hasta 2010, año en que se traspasó el poder concedente y el dominio sobre las tierras al municipio. El resarcimiento rondaría los 4 mil millones de pesos.
“La iniciativa de crear un Fondo de Reparación Histórica por la explotación del Cerro Catedral, busca un verdadero y necesario acto de justicia y reconocimiento histórico al compensar económicamente a los barilochenses por los años en que la provincia explotó el cerro de manera ilegítima”, explicó el legislador Ramón Chiocconi.
El parlamentario barilochense aseguró que se trata de una deuda “superior a los 4 mil millones de pesos a valores actuales y eso significa que podríamos construir más de cuatrocientas cuadras de asfalto o doscientas viviendas que le fueron arrebatadas a nuestra ciudad”.
En este sentido, Chiocconi detalló que “el monto de reparación está dado por todos los cánones cobrados por la provincia desde 1985 hasta 2010, actualizados de acuerdo con las variaciones del IPC Viedma relevado por la Dirección de Estadística y Censo de Río Negro”.
Asimismo, recordó el proceso de traspaso que nunca se llevó a cabo: “La ley de 1985 tenía como objeto que el Cerro Catedral pase de la órbita de Nación al Municipio para que sean los barilochenses quienes finalmente decidan sobre el destino del cerro. La transferencia de las tierras a la provincia era un mero paso administrativo hasta que las mismas se incorporaran formalmente al ejido municipal, a través de una ley provincial. A pesar de que el concejo municipal de Bariloche solicitó el urgente traspaso de las tierras a las pocas semanas de sancionada la ley nacional, la provincia se quedó con el Cerro y los cánones correspondientes durante 25 años de forma ilegítima.”
La reparación histórica es un mandato de la Carta Orgánica y establece en su cláusula complementaria número 18 que: “El pueblo de San Carlos de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio, y reclama la compensación económica por la ilegítima apropiación y explotación por parte del Estado de la Provincia de Río Negro.”