La audiencia se desarrolló a sala llena, con la presencia de numerosas personas como público, entre ellas, algunas autoridades de la asociación “Comunidad Angostura”, que reclaman la liberación de un tramo de Circunvalación ocupada por la comunidad mapuche Paichil Antriao.
El abogado Cristian Hugo Pettorosso, que defiende los derechos de las víctimas de usurpación, hizo “una encendida mención a la importancia del turismo en esta localidad, siendo el motor de la economía regional, según sostuvo frente a todos los presentes, para luego referirse a dos ataques incendiarios de las instalaciones del Canopy y la confitería siniestrados en el año 2009, atribuido el hecho criminal a integrantes de la colectividad mapuche“.
Pettorosso continuó en una extensa exposición sentado junto a dos de las propietarias del inmueble usurpado -las querellantes Josefina y Raquel Salamida-, ante la atenta escucha del funcionario Jorge Ramiro Amaya, que estaba representando a la fiscalía, y a su lado, ubicado a la derecha, la defensora oficial María Sol Valero que asistía al acusado Ángel Sebastián Soto, también presente en la sala.
En el desarrollo del discurrir de Pettorosso, no faltaron críticas al actuar de la fiscalía y del propio poder Judicial, denunciando el profesional que el Ministerio Público Fiscal, en sendos ataques incendiarios materializados a mediados de junio y fin de diciembre del año 2009, se habría adjudicado la responsabilidad de los hechos delictivos a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), “sin investigarse absolutamente nada” -dijo Pettorosso-, señalando que en ese tiempo la fiscalía estaba a cargo de Juan Pablo Balderrama, quien actualmente ocupa el cargo de juez penal.
El letrado hizo lectura de las tres denuncias policiales formuladas en aquel entonces por uno de los propietarios del inmueble donde funcionaba el canopy y la confitería -ambos incendiados por completo-, habiéndose aportado distintas evidencias para acreditar la responsabilidad delictiva de integrantes de la comunidad mapuche, “y no solo que no se investigo nada, sino que, para peor, el estado neuquino mediante el poder judicial destruyó esos expedientes, borrando las pruebas y dejando impune el accionar delictivo que fue exactamente similar en su modus operandi al reciente ataque terrorista de las cuatro maquinarias viales en octubre pasado, que admitiera el propio fiscal General José Ignacio Gerez junto al jefe de la policía neuquina, Comisario Peralta”, señalara el querellante.
Encapuchados y personal policial demorado
Entre otras menciones, se leyó una parte de la denuncia realizada tras el ataque incendiario de las instalaciones turísticas, cuyas llamas ardieron hasta la madrugada del primero de enero del 2010, donde el denunciante refiriera haber visto a distintas personas encapuchadas en la zona circundante a los incendios ocurridos dentro de su propiedad, aludiéndose en la denuncia “a un extraño incidente con la policía que no pudo arribar a tiempo al lugar”.
Pettorosso argumentó ante el juez Maximiliano Bagnat que, según la teoría del caso que persigue la querella, “existen elementos terroristas dentro de la localidad, conviviendo entre nosotros” sospechando que los ataques a las maquinarias viales del año pasado, donde máximas autoridades del ámbito judicial hablaran de “terrorismo”, habrían sido cometidos con participación de personas que residen en Villa La Angostura, que habrían estado vinculadas a los incendios y sustracción de cables del canopy; y que por tal razón -añadió el letrado- requiere poder estudiar el expediente criminal que tramita en la fiscalía local, donde -denunció Pettorosso- habría encontrado obstáculos por parte del fiscal Adrián De Lillo, “quien de forma ilícita impide la lectura de esas actuaciones”, sentenció frente a toda audiencia.
También criticó el abogado Cristian Pettorosso que faltan más personas sentadas en las sillas de acusados, y que le resulta sumamente llamativa la forma de investigarse el caso por parte de la agencia fiscal.
La audiencia pasó a cuarto intermedio y se reanudará a media mañana del próximo 8 de agosto, oportunidad en que la familia Salamida insistirá con el pedido para que se le permita conocer las evidencias colectadas en la investigación del ataque que sufriera la empresa vial.
