La propuesta fue aprobada por mayoría en sesión especial e incorporó dos cláusulas para garantizar que los fondos municipales no se vean afectados, como así tampoco el funcionamiento del Poder Legislativo, a partir de la quita del 1.5% de sus ingresos por coparticipación, recursos que se destinarán al Fondo.
La Cámara sancionó este jueves la ley que crea el Fondo de Estabilización de Presupuestos del Neuquén (FEPN), orientado a mitigar las variaciones de los ejercicios financieros de los tres poderes del Estado.
La norma fue aprobada por mayoría con 25 votos a favor aportados por los bloques del MPN, SIEMPRE, JUNTOS, FNN, MAV, PDC, JC, CC-ARI, AVANZAR, UP-FR, MA y parte del FdT (Martínez, Fernández Novoa y Bertoldi). En contra votaron las bancas del PTS-FIT y FIT y Darío Peralta, Lorena Parrilli, Teresa Rioseco y Ayelén Gutiérrez del FdT, sumando seis votos negativos.
La propuesta –presentada por el gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann y la titular del TSJ, Soledad Gennari- determina que el Fondo estará constituido por el 3% de la coparticipación de impuestos nacionales que recibe la provincia.
Al actuar como miembro informante, el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) mencionó que el Fondo busca “compensar el déficit” presupuestario del Poder Judicial que, por el incremento del personal y por las nuevas estructuras judiciales en toda la provincia, ve afectado su balance financiero año tras año.
Además, Caparroz explicó que, del total de los recursos del Fondo, la mitad lo aportará el Ejecutivo y la otra mitad lo hará el Poder Legislativo, con lo devenido de la reducción del 1.5% de la coparticipación que le corresponde, la que desciende de 7.5% a 6%. Esta reducción generó el cuestionamiento del gremio ANEL, que incorporó a la redacción final una cláusula para que el presupuesto de dicho poder garantice el pleno cumplimiento del Estatuto (ley 1703) y la escala de remuneraciones (ley 2915) del personal legislativo.
La ley, que comenzará a regir a partir de enero del próximo año, prevé que los recursos del Fondo se constituirán en una cuenta dependiente del ministerio de Economía e Infraestructura y que el Ejecutivo podrá asignar tales recursos como aportes reintegrables o no reintegrables. A tal fin, deberá contar con un informe de la cartera de Economía que motive la “necesidad, finalidad y carácter de los recursos”.
Las posturas en contra se centraron en la extemporaneidad del proyecto ante la pronta asunción de un nuevo gobierno, la arbitrariedad en la distribución de los recursos que compondrán el Fondo por parte del Ejecutivo, la “intromisión de poderes” y la falta de acuerdo, en un primer momento, con el plantel trabajador del Poder Legislativo.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) reiteró el rechazo al calificar la iniciativa de “vergonzosa y escandalosa” y se refirió a la retención de tareas de los trabajadores y las trabajadoras, quienes “fueron los únicos que lucharon para que no sea ley pero, lamentablemente, se encontraron con una arbitrariedad absoluta”. Además, advirtió que la ley constituye un “mensaje político de que todo lo que hará el próximo gobierno será de ajuste”.
En la misma línea se expresó Blanca López (FIT) quien cuestionó que los fondos se destinen al Poder Judicial porque “es uno de los más cuestionados y el que más privilegios tiene”. Sostuvo que el recorte al presupuesto legislativo recaerá sobre el plantel trabajador y lamentó que no recaiga sobre “los abultados” sueldos de magistrados y funcionarios judiciales, que poseen haberes mensuales de hasta tres millones de pesos.
A su turno, la diputada Lorena Parrilli (FdT) cuestionó la celeridad del tratamiento y la “discrecionalidad” que se le otorgará al Ejecutivo para determinar el destino del Fondo. Además, advirtió que la medida recorta presupuesto del Poder Legislativo, balance que aún no ingresó a la Legislatura, estimando según sus cálculos, en 2.300 millones de pesos a valores del ejercicio financiero vigente los recursos que se destinarán al FEPN.
