La Cámara aprobó hoy, en general y por unanimidad, la ley que establece el procedimiento de “Consulta Libre, Previa e Informada” a las comunidades indígenas de la provincia, presentada por el gobernador Omar Gutiérrez el pasado 1 de marzo al inaugurar el actual período legislativo.
Lo hizo hoy en la 19° sesión ordinaria, ocasión en la que prestó acuerdo legislativo a las nuevas autoridades del Tribunal de Cuentas y de la Tesorería General de la provincia, entre otros temas.
La consulta previa, libre e informada es un procedimiento elaborado entre la Confederación Mapuche y el Ejecutivo provincial, vigente por decreto. La sanción de la ley elevará el rango de la normativa aplicable a medidas administrativas de distintos organismos ejecutivos que puedan afectar intereses de comunidades indígenas con personería jurídica reconocida por la Secretaría de Desarrollo Territorial (Autoridad de Aplicación).
El decreto prevé que el procedimiento debe aplicarse, en particular y entre otras situaciones previstas, antes de autorizar programas de prospección de recursos naturales existentes en tierras de las comunidades indígenas. Tras la apertura de la audiencia, las comunidades contarán con un plazo de 30 días para remitir sus consideraciones, propuestas y conclusiones a la Autoridad de Aplicación.
Además, especifica que, de no alcanzar a un acuerdo, deberán asentarse las posturas de las partes, dando por clausurado el procedimiento y remitiendo las actuaciones al órgano administrativo, el que podrá adoptar la medida administrativa que considere oportuna y conveniente, fundamentando razonadamente su accionar y considerando, en la mayor medida posible, las objeciones, modificaciones o las necesidades de las comunidades indígenas intervinientes.
Al actuar como miembro informante, la diputada María Fernanda Villone (MPN) detalló que el procedimiento de consulta debe ser previo a la adopción de las medidas a implementar; libre de presiones, coerción o interferencias de las partes “que deberán mantener un diálogo pacífico y sin violencia”; e informado, para asegurar el acceso y comprensión de toda la información disponible sobre la medida.
A la vez, destacó el trabajo y el consenso alcanzado entre las comunidades mapuches, la Confederación, y el Ejecutivo provincial, a través de sus representantes territoriales. Se refirió al “camino de la interculturalidad” que impulsa, según dijo, la provincia mediante el diálogo y el reconocimiento de las comunidades originarias y ponderó distintas políticas en la materia como la creación del Hospital intercultural del país, en Ruca Choroi.
Por su parte, el diputado Mariano Mansilla (FdT) expresó que la ley no se circunscribe a la consulta previa sino que constituye un “reconocimiento a las comunidades, a los pueblos indígenas, a sus derechos, sus tierras, su educación, su cultura”. Además, enfatizó que la ley es el resultado de la lucha de décadas del pueblo mapuche y se refirió a “las injusticias” que padecen las comunidades originarias, con al menos 3000 causas penales por usurpación y subrayó que no obtuvieron condena justamente por la vigencia del convenio 169 de la OIT, ratificado por la Constitución Provincial. “Neuquén es mapuche, nuestra provincia es mapuche, es nuestro pueblo originario y lo reivindicamos como tal”, finalizó el diputado.
Para finalizar, el diputado Andrés Blanco (PTS–FIT) advirtió que la consulta previa “no es una concesión” del Ejecutivo sino el resultado de la lucha del pueblo mapuche. Aseguró que la medida surge de su capacidad de enfrentar el extractivismo petrolero que afecta directamente sus tierras y recordó que las comunidades mapuches sufrieron “causas judiciales, persecución y estigmatización” devenido de un discurso negacionista de su preexistencia.
El lonko Jorge Nahuel y miembros de la Confederación Mapuche presenciaron el debate desde el sector de la barra del recinto.
