La medida deja sin efecto los beneficios de la ley 1282 para los cargos electivos proclamados a partir de la entrada en vigencia de la norma, cuyo tratamiento en particular está previsto para mañana a las 10. Por su parte Rolando Figueroa aclaró que cuando llegue el momento optará por la jubilación ordinaria.
El proyecto original fue modificado en el plenario de comisiones de ayer, a fin de evitar acciones judiciales por una eventual afectación de derechos adquiridos. Al inicio de la sesión, se leyó una nota enviada por Figueroa en la que anuncia su voluntad de autoexcluirse del beneficio para someterse al régimen jubilatorio ordinario.
La iniciativa llegó al recinto con un despacho por mayoría (Comunidad, MPN, PRO-NCN, Cumplir, FdT, JC-NQN-UCR, Neuquén Federal y Juntos) y otro por minoría (PTS-FIT-U) pero en la sesión, la propuesta del oficialismo logró unanimidad en la votación en general. Desde los bloques del PTS-FIT-U, Fdt y Arriba Neuquén adelantaron que durante su tratamiento en particular en la sesión de mañana, sugerirán modificaciones orientadas, en su mayoría, a derogar también la ley 859, del régimen jubilatorio de funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
Al fundamentar el despacho del oficialismo, Francisco Lépore (Avanzar) adelantó que se autoexcluirá del beneficio al momento de acceder a la jubilación para acogerse al régimen ordinario que le corresponda. El diputado dijo que las jubilaciones de la ley 1282 constituyen “claramente un privilegio” en tanto “rompen con el sistema ordinario” con el que se jubila cualquier ciudadano neuquino. Calificó a la medida como un “gesto político” que, si bien no alcanzará para sanear la caja del ISSN, contribuye a “revitalizar la política”.
A su turno, Ernesto Novoa (Comunidad), quien también actuó como miembro informante, coincidió en que la propuesta implica un “gesto” político hacia la comunidad y dijo que es un “paso inicial hacia otros regímenes jubilatorios que tienen ciertos beneficios sobre el resto”. En ese sentido, pidió terminar con “estas prebendas vergonzosas que tienen ciertos sectores”.
El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) informó el despacho por la minoría, firmado por su bloque, que también quita el beneficio para los cargos electivos pero a la vez deroga otras normativas vinculadas a los regímenes “de privilegio” para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. El legislador señaló que el proyecto del gobernador “es importante pero no urgente”, en relación a las demandas de la ciudadanía. “Es un gesto político quitar los privilegios pero, si se quiere dar un mensaje a la sociedad, la ley también tiene que incluir a funcionarios y magistrados judiciales”, sintetizó Blanco.
Al hablar, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) mencionó que las cajas jubilatorias tienden a tener déficit en todo el mundo y advirtió que “lo que no podemos hacer es agravar la situación” como lo hacen los regímenes jubilatorios de privilegio, consideró. Explicó que las cajas, además de nutrirse con los aportes de los empleados y las contribuciones patronales, lo hacen con los impuestos de toda la ciudadanía. Dijo que la diferencia de edad para acceder a la jubilación entre las distintas cajas también puede ser considerada un privilegio y pidió avanzar hacia la derogación “de todos esos beneficios, pero sin afectar derechos adquiridos”.
.Rolando Figueroa se autoexcluyó de la jubilación de privilegioMientras el proyecto de eliminación de la Ley de jubilaciones de privilegio (Nº 1282) avanza rumbo a su tratamiento en el recinto de la Legislatura neuquina, el gobernador Rolando Figueroa se autoexcluyó de cualquier posibilidad de acceder a ese beneficio.
Figueroa fue diputado provincial, intendente y vicegobernador. Es, además, quien presentó la iniciativa que analizan los legisladores. Señaló que, aunque la eliminación no afectará derechos adquiridos, decidió no acceder a ese beneficio; y, cuando llegue el momento, tramitará su jubilación por el régimen ordinario.
Este martes, el proyecto de ley que elimina las jubilaciones de privilegio en la provincia de Neuquén obtuvo despacho favorable. La iniciativa forma parte del plan de austeridad que puso en marcha el gobernador y consiste en la eliminación de la norma que, básicamente, beneficia a ex funcionarios que tuvieron cargos electivos en los poderes del Estado.