La vecina Marisa Elizabeth Martínez venía reclamando desde finales del 2018 la restitución de una casa, departamentos y local comercial, ubicados en calle Vargas al 800.
Esta mañana se llevó a cabo un importante procedimiento judicial y policial, en el cual participaron numerosas dotaciones de policías provenientes de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, destacamento Nahuel Huapi, Comisaría 28° de Villa La Angostura y otras unidades del interior de la provincia, integrándose también el grupo GEOP; oficiales de justicia, y prestando colaboración unidades de Bomberos Voluntarios, y funcionarios de Desarrollo Social, Zoonosis, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes; ambulancias pública y privada contratada a la ocasión, médico, auxiliares y demás personas convocadas por orden del juez civil local, Francisco Astoul Bonorino.
Sobre las 11:30 culminó el operativo y la propietaria dijo “a pesar que fue restituida una parte de mi propiedad, estoy muy disgustada con el accionar de la policía, de los oficiales de justicia y también del juez Bonorino. Me dijeron una cosa dentro del juzgado y terminaron haciendo otra; me mintieron, y sin consultarme, desalojaron menos de lo que se había dispuesto por escrito en la sentencia de desalojo. Y quiero hacer público que durante el procedimiento no me permitieron tomar contacto inmediato con mi abogado de confianza, a quien se obligó a permanecer a más de cien metros del lugar, impidiéndosele ingresar y controlar lo que estaba pasando, resultando vulnerada en mi derecho de defensa”.
Dicho ello, consultado el abogado de la damnificada, sostuvo Cristian Hugo Pettorosso que “si bien estamos medianamente satisfechos con el resultado del procedimiento que se prolongó por más de cuatro horas, pues se logró recuperar parte de la posesión del inmueble de mi clienta; es dable destacar que hubo serias irregularidades emanadas del personal policial jerárquico a cargo del operativo de ejecución y seguridad del desalojo, como así también por parte del oficial de justicia interviniente y hasta del propio juez, quienes, todos, a su turno, deberán rendir explicaciones y dar respuesta administrativa y jurisdiccional de sus de sus actos ante Asuntos Internos de la Policía y la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia; pues los responsables de todo lo que hicieron mal serán denunciados, empezando por el Comisario Inspector a cargo del operativo”, señaló Pettorosso.
