En febrero del 2023 Nación giró 1.030 millones de pesos, mientras que este año Javier Milei apenas le envió a Figueroa 15 millones de pesos.
La mayoría de los gobernadores que concurrirán a la primera convocatoria del Gobierno de cara al Pacto de Mayo, respaldan la propuesta anunciada por Javier Milei en la Asamblea Legislativa, pero tienen dudas sobre su contenido y llegarán a la reunión de hoy a las 15 con una serie de reclamos. Especialmente, sobre cómo se va a plasmar la promesa de alivio fiscal para las provincias, a cambio de apoyo a la nueva versión de la Ley Bases que enviará al Congreso. Buscarán certezas sobre la reactivación de las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias con el objetivo de recomponer las alicaídas arcas provinciales, después de la quita de subsidios, la desaparición del FONID – que no fue renovado -, y el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional.
Los mandatarios provinciales enfrentan una fuerte reducción en sus recursos, básicamente, por tres razones. Una es la baja en el impuesto a las Ganancias promovida por Sergio Massa en la campaña electoral, ya que se trata de un tributo que se coparticipa en un 60% y cuya marcha atrás estará hoy en la mesa de negociación. La discusión sobre la reversión de Ganancias no tiene asegurados los votos en el Congreso, por la falta de consenso dentro de los sectores dialoguistas y el rechazo que ya adelantaron varios gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora y los patagónicos, preocupados por el impacto sobre la clase media trabajadora y la merma que viene sufriendo la recaudación de ese impuesto.
Las otras dos, tienen que ver con la caída en la recaudación por el freno a la actividad económica que, a nivel nacional se traduce en una baja en la coparticipación automática, y la merma en los ingresos por impuestos provinciales.
El panorama de sequía fiscal en las provincias, se agravó por la interrupción casi absoluta en las transferencias no automáticas de Ejecutivo nacional a las provincias desde el 10 de diciembre, incluidas aquellas con algún respaldo por ley, o con partidas previstas en el Presupuesto 2023, prorrogado para este año.
Las discrecionales son las únicas transferencias que pueden ser suspendidas o redireccionadas por el Gobierno nacional en función de la “caja” disponible o por un criterio político. En ese sentido, se diferencian de la coparticipación federal, que se gira automáticamente según un porcentaje prefijado a medida que ingresan los impuestos que recauda la Nación. Hay dos tipos de giros discrecionales: los corrientes, para pagar gastos ordinarios de las provincias -cruciales para los mandatarios que enfrentan déficit en sus distritos- , y los de de capital, para financiar inversiones a largo plazo, y cuya interrupción implicó, de hecho, un freno a la obra pública en todo el país.
Los gobernadores se quejan que esos giros se frenaron o llegan “en cuentagotas”, básicamente por compromisos asumidos en la anterior gestión que no se habían ejecutado. Según los últimos datos, en febrero de 2024, esas transferencias discrecionales tuvieron una caída real interanual del 88% y, en el primer bimestre del 2024, del 91%, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado por Nadín Argañaraz. Fueron casi $52.000 millones comprometidos en febrero mes pasado que no se giraron a las provincias.
El gasto comprometido en febrero era de casi $70.000 millones, pero la Nación solo giró el 26% por lo que dejó de pagar $51.175 millones a las provincias. Si se suma los fondos “frenados” por la Nación en enero, esa deuda de fondos discrecionales comprometidos en el primer bimestre del año ascendía, al 1ro de marzo, a $101.000 millones. Esto se debe a que, en los dos primeros meses, desde Economía solo se giró el 16% del gasto devengado. Esta deuda es lo que están reclamando las provincias, y buscarán en la reunión de hoy alguna certeza sobre lo que pasará de marzo en adelante.
