Así lo dispuso el juez que le impuso a Ramiro Fernández un mes de prisión preventiva, que cumplirá en un domicilio que el acusado fijó en Plottier, con una tobillera electrónica. Hasta este miércoles, el sospechoso estuvo detenido en la comisaría 28 de Villa La Angostura.
El juez Ignacio Pombo le impuso un mes de prisión preventiva al agente o asesor inmobiliario Ramiro Fernández, que está imputado por 45 hechos de estafas inmobiliarias y financieras, que podrá cumplir de manera domiciliaria, con una tobillera electrónica para controlar sus movimientos.
Así se resolvió en una audiencia que se hizo este miércoles. Fuentes judiciales informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que el fiscal Adrián De Lillo solicitó que se extienda la prisión preventiva que el magistrado le había impuesto el viernes pasado por una semana a Fernández. Esa medida cautelar la cumplió en la comisaría 28 de Villa La Angostura.
Los abogados que representan y patrocinan a los querellantes adhirieron al pedido fiscal.
Como la defensa fijó ahora un domicilio para el acusado, el juez resolvió que Fernández cumpla un mes de prisión preventiva en un domicilio que fijó en Plottier.
El magistrado ordenó que personal policial haga rondas tres veces al día en el domicilio designado hasta que al imputado le coloquen la tobillera electrónica. Además, le impuso la prohibición de salir del país.
Las fuentes señalaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que la defensa del imputado adelantó que impugnará la decisión porque pretendía que no le impongan medidas cautelares.
Los cargos contra Fernández
El viernes, Pombo admitió los cargos que el fiscal formuló contra Fernández. El fiscal le atribuyó haber cometido 45 operaciones fraudulentas, que dejaron 41 víctimas hasta el momento. Los hechos denunciados ocurrieron desde agosto de 2017 hasta el 2021.
Los tres abogados que patrocinan a varios querellantes adhirieron a los cargos formulados por el fiscal contra el imputado, que estuvo asistido por un defensor particular.
De Lillo calificó los hechos como estafas, que discriminó en 43 estafas inmobiliarias, con 39 víctimas, y luego dos víctimas de estafa financiera.
La fiscalía estimó que el perjuicio patrimonial de todas las defraudaciones ronda 1.200.000 dólares.
El fiscal, con los querellantes, pidió que se califique el caso como complejo y pidió un año de plazo para la investigación.
El defensor no se opuso a los cargos formulados por la fiscalía, con la adhesión de los querellantes. Sin embargo, sostuvo que Fernández es inocente y negó que haya cometido delitos. Expresó su consentimiento con el plazo pedido por la fiscalía para la investigación.
Seis meses para la investigación
El juez aceptó el pedido de la fiscalía y declaró la causa como un asunto complejo, pero le otorgó a la fiscalía, las querellas y la defensa 6 meses para desarrollar sus investigaciones.
Según las fuentes, al imputado se le atribuye haber pedido préstamos en dólares, que presuntamente no devolvió. También, de haber firmado supuestamente pagarés y boletos sobre lotes ya vendidos. Para desplegar esas maniobras, organizaba visitas de los compradores sobre loteos existentes y realizados por la inmobiliaria Lepore que después como los vendía seis o siete veces trataba de evitar entregar la posesión o la escritura.
La fiscalía sostuvo que muchos de esos boletos de compraventa fueron firmados en la oficina de la inmobiliaria.
Otra modalidad de estafa que la fiscalía le atribuyó fue haber colocado número de unidades funcionales inexistentes. Y haber engañado supuestamente a dos personas con inversiones inmobiliarias.
En la audiencia de formulación de cargos, que se hizo el viernes, el fiscal había pedido cuatro meses de prisión preventiva para el sospechoso por peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
De hecho, Fernández compareció recién el 1 de marzo en una comisaría de la ciudad de Neuquén después de que la fiscalía dictara semanas atrás una orden de captura porque no se había puesto a disposición de la justicia.
Los querellantes habían adherido al pedido de la fiscalía y además solicitaron la inhibición de la totalidad de los bienes y un embargo de una propiedad. La defensa se opuso a los planteos de la fiscalía y los querellantes.
El juez le impuso siete días de prisión preventiva y la inhibición de sus bienes. Este miércoles dispuso extender la preventiva por un mes, que cumplirá en una vivienda de Plottier.
