Trascendió que el abogado Cristian Hugo Pettorosso, defensor del efectivo policial Víctor Hugo Muñóz, recusó en la última audiencia al fiscal del caso, Adrián De Lillo y lo denunció ante el Tribunal Superior de Justicia por haber ocultado evidencia beneficiosa a la defensa.
Efectivamente, dijo el letrado que “la agencia fiscal recibiera el 15 de febrero pasado, el dictamen pericial efectuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y, tras tenerlo guardado en una caja de cartón, recién lo pusiera en conocimiento de las partes el 27 de febrero, es decir, casi dos semanas después, lo cual demuestra una clara intención ocultista de tapar información que beneficiaba a la policía”.
Agregó Cristian Pettorosso que “la ley le prohíbe al fiscal hacer este tipo de maniobras, cuando todos sabemos que es un caso sumamente complejo, que arrastra un interés público superior en razón de la enorme trascendencia social que ha tenido y tras haber movilizado peritos de distintas jurisdicciones”, añadiendo el profesional que “consideramos que ha afectado la transparencia y eficacia en el desenvolvimiento ministerial, agraviando el derecho de las defensas de contar con información útil de forma concomitante a la toma de conocimiento oficial del referido informe. Sospechamos a esta altura que existe ya un indisimulado ahínco contra el personal policial, que se ve reflejado en este tipo de actitudes desleales, de falta de colaboración para con las partes, al ocultar prueba favorable a las defensas; dado lo cual, entiendo que el fiscal ha perdido la imprescindible objetividad para continuar al frente de la investigación, y por eso fue recusado y también denunciada esta falta grave ante el Tribunal Superior de Justicia”.
“Ahora deberá decidir un fiscal superior, Fernando Fuentes -de Chos Malal- que ocupa el mismo cargo que el ex agente en jefatura Fernando Rubio, denunciado por delito de retardo de justicia en el marco de la causa de corrupción que lleva adelante el querellante Jorge Aníbal Sainz, donde se encuentra imputado un abogado de esta localidad por delitos contra la administración pública en una contratación con una empresa fantasma, inexistente, en relación a un inmueble de Puerto Manzano. Esa causa, al igual que esta, muestran llamativas arbitrariedades y perezas cuando se tocan ciertos intereses”, apuntó Pettorosso.
QUE DICE EL INFORME DE LA CORTE SUPREMA
Entre otros pasajes, el letrado explicó que “el informe pericial de la Corte Suprema de Justicia de Nación fue contundente al destacar que la Policía no mató a Robinson Gatica, dado que ninguno de los golpes y lesiones por disparos de escopetas tuvieron entidad suficiente para matar, toda vez que no se hallaron lesiones en órganos internos, vasculares y óseos idóneos para causar la muerte; siendo que la causa del desenlace fatal fuera una salud coronaria deteriorada por décadas de consumo crónico de drogas ilícitas -cocaína principalmente- y alcoholismo, siendo que su organismo no resistió el nivel de estrés imperante, muriendo súbitamente”, señaló el abogado.
“Con estas evidencias científicas -que fueron inexplicablemente ocultas en un cajón por doce días- es imposible técnicamente que la causa continúe con la misma sospecha criminosa; y por eso estamos sumamente conformes con lo logrado hasta el momento, máxime que todos los policías están en libertad y trabajando desde horas después de iniciada esta causa”, precisó Pettorosso.
