Este jueves, en horas del mediodía, se llevó a cabo una audiencia en sede de los tribunales penales de Villa la Angostura, en el marco de la causa por usurpación mapuche que se siguiera adelante contra el imputado Ángel Sebastián Soto, tras haber turbado la posesión de la familia Salamida, propietarias históricas del lugar.
En efecto, como se recordará, en marzo del año pasado, las hermanas Raquel y Josefina Salamida fueron alertadas que se estaba edificando clandestinamente una vivienda dentro de sus tierras, siendo un importante predio de más de 21 hectáreas enclavado en la base del cerro Belvedere.
Las víctimas mencionadas fueron asistidas por el abogado Cristian Hugo Pettorosso, ante la presencia del juez Maximiliano Bagnat y el fiscal Adrián de Lillo, dando éste último funcionario expreso consentimiento para acceder a suspender el proceso a prueba, conforme fuera pedido por la defensa oficial del acusado.
A su turno, las querellantes Salamida adhirieron también a la propuesta impulsada por la defensa del usurpador, indicando por medio de Pettorosso que aceptaban un ofrecimiento económico efectuado por el denunciado, como reparación a todos los daños causados en el lugar de los hechos; indicando seguidamente al juez, que donarán ese dinero en favor de un centro de equinoterapia que se proyecta construir dentro de la propiedad de las nombradas.
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Al resolver, el juez sanmartinense dispuso otorgar el beneficio a Sebastián Soto por plazo de un año, tiempo en que deberá someterse a distintas reglas de conducta; entre ellas, fijar domicilio, someterse a población judicializada, no ejercer actos de intimidación, perturbación y violencia por ningún medio, ya sea de forma personal o por terceras personas, ni por medios digitales u otros de comunicación, y no acercarse al lugar como así tampoco volver a cometer otros delitos.
Centro de Equinoterapia
Indagando en la novedad ventilada en esa audiencia judicial, trascendió que una fundación sin fines de lucro pretende construir allí un centro de equinoterapia para personas discapacitadas, habiéndose encomendado a distintos ingenieros que, desde hace semanas atrás, ya están trabajando en el lugar en miras de comenzar con un picadero para el tratamiento de los equinos que serán utilizados por diferentes profesionales de la salud.
Además, se conocieron más detalles de esta ambiciosa campaña que cuenta con el aval de la familia Salamida, quienes han facilitado algunas hectáreas de su propiedad para esta obra de bien público, donde se proyectan construir caballerizas, un edificio para aulas y un Salón de Usos Múltiples (SUM) de grandes dimensiones.
Al ser consultado uno de los profesionales que trabajan en los planos de la obra que se realizará, destacó el Ingeniero Hugo Luis Farmetano que “es indudable que lo que pretende dicha familia, es usar parte de su propiedad privada para instalar un centro de salud que beneficiará a toda la comunidad angosturense, propiciando el bien común; y así dejando atrás los oscuros recuerdos de ataques terroristas cometidos en el lugar, cuando delincuentes organizados que dejaran panfletos indígenas con la leyenda RAM, usurparan e incendiaran en sendos atentados años atrás, ambos en 2009, las instalaciones del canopy y una confitería que allí funcionaba para el turismo, habiendo quedado todo destruido”.
Al finalizar la audiencia, en las escalinatas del edificio, acompañado de las víctimas, familiares y otras personas que se acercaron como público a presenciar el evento, subrayó Cristian Pettorosso la enorme tarea que desde el año pasado vienen haciendo distintos actores en este ambicioso proyecto, que -según sostuvo el letrado- “dará vuelta la página en ese lugar, dando un claro mensaje de respeto a la propiedad privada frente a las andanzas de criminales que hasta brindaran cobijo al terrorista Facundo Jones Huala”, indicó el querellante visiblemente conforme con el resultado obtenido, añadiendo que el proyecto apareja también la imprescindible creación de fuentes de trabajo.
