Solo en un organismo de la Provincia se detectó un ausentismo del 20 %, entre certificados médicos y licencias psicológicas. Eso también es común desde hace varios años en municipalidades, como el caso de Villa la Angostura.
Con el cambio de gobierno, la nueva administración provincial inició un proceso de auditorías que destapó el escándalo de los planes sociales y los “ñoquis” del Estado. Ahora también va por el ausentismo de muchos empleados estatales que no van a trabajar, recargan a sus compañeros y resienten el servicio.
En este caso en particular se trata de un esfuerzo colaborativo entre medicina laboral del Ministerio de Turismo y el Ente Provincial de Termas de Neuquén, donde se iniciará una auditoría motivada por un ausentismo de más del 20%.
“Esto genera una carga desproporcionada para el personal y ha comprometido la calidad del servicio ofrecido a los visitantes”, informaron fuentes de Gobierno.
En principio se realizará una auditoría de los certificados médicos presentados, y se establecerán prácticas preventivas destinadas a minimizar las lesiones y el desgaste físico entre los trabajadores.
Este enfoque busca no solo mejorar la eficiencia y la transparencia en el lugar de trabajo, sino también asegurar un trato justo para todos los empleados.
En este sentido, el presidente del EPROTEN, Matías Ramos manifestó: “La colaboración y el esfuerzo conjunto de todos los integrantes de la comunidad de Termas de Neuquén para crear un clima laboral más transparente y eficiente”.
Otras auditorías en la provincia
El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, explicó en su momento los avances en las auditorías que se iniciaron a fin del año pasado, las cuales detectaron cientos de “ñoquis”, es decir, empleados públicos que cobraban sus sueldos, pero no asistían a sus lugares de trabajo. En ese marco, también se revelaron inconsistencias en el dinero utilizado por las organizaciones sociales a través de la cooperativa de trabajo.
Castelli informó que siguen notificando a los empleados para que justifiquen sus inasistencias y devuelvan el dinero cobrado. Finalizada esta etapa, avanzarán con sumarios y, de corresponder, las cesantías en los puestos.
“Se han enviado cartas documento a distintos empleados públicos que no se han presentado a trabajar. Lo está llevando adelante el área de optimización junto con Recursos Humanos”, sostuvo.
El funcionario dijo que todavía “se le está pidiendo la documentación” a las personas “que estaban prestando un servicio, ya sea dentro de un organismo del Estado o descentralizado” con el objetivo de “justificar si había una adscripción o una certificación”.
“En caso de que no se encuentre ninguna justificación, por supuesto se tiene que avanzar con la cesantía. Con aquel que no pueda presentar la documentación, se va avanzar pidiendo la devolución de la plata y, después, con la cesantía. No cabe en ningún lugar que una persona esté cobrando en el Estado y no esté yendo a trabajar a ningún lado“, subrayó Castelli y marcó que “si hay una defraudación al Estado, por supuesto que la fiscalía de Estado va a avanzar en la cuestión penal”.
Potenciar Trabajo y organizaciones sociales
A fines de diciembre pasado, una investigación del fiscal federal Guillermo Marijuán determinó que más de nueve mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran beneficiarios del Potenciar Trabajo en un claro hecho de incompatibilidad. En Neuquén, se detectaron 343 personas en esa situación.
Respecto a esto, Castelli aclaró que el gobierno provincial no tiene acceso a la causa porque es del fuero federal. “En su momento nosotros tuvimos que brindarle toda la información de todos los empleados públicos de la provincia, de las distintas modalidades, para que ellos hagan en el cruce. Entiendo que Marijuán va a avanzar, como lo estamos haciendo nosotros en un principio, por la vía administrativa”, señaló.
Marijuan acreditó la identidad de al menos 8.535 empleados de 10 provincias que eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y solicitó en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social.
Marijuan los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Por otra parte, a principios de febrero, Castelli acusó a la cooperativa Viento Sur -a través de la cual las organizaciones sociales recibían fondos para capacitaciones- de recibir una cifra millonaria de la administración provincial anterior y no rendir cuenta por esos fondos. Además, aseguró que figuraban pagos con tarjeta de crédito, la compra de una camioneta y tres millones de pesos en chorizos.(LM Neuquén)
