Sr. Director:
El artículo 181 del Código Penal es claro cuando dice que será reprimido con una pena de prisión de seis meses a tres años quien “despojare a otro” de la posesión o tenencia de un inmueble “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”. El delito puede materializarse, previene dicha norma, “invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”; y, si se dan estos requisitos, basta con que el despojo sea “parcial” para que exista delito perseguible de oficio, si el poder judicial fuera independiente, claro.
Así la ley, vemos que agrupaciones pseudoaborígenes vienen siendo protagonistas de un accionar delictivo tipificado en el Código Penal que atenta contra un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional: el derecho a la propiedad privada.
En la provincia de Neuquén no se persigue el delito de usurpación cuando es de parte de estos grupos autopercibidos originarios. El Estado y la justicia, pareciera, trabajan para los usurpadores, que en algunos casos son verdaderas organizaciones criminales; y Villa la Angostura muestra no ser una excepción.
La inclinación del Estado a permitir dicha criminalidad, así como el uso criminal del sistema político que avala la delincuencia indígena, viene siendo un fenómeno que ha adquirido un carácter sistémico, el cual, por ser tan frecuente, ya no hablamos de la inacción de un Estado cómplice, sino de la complicidad delictiva de un Estado que legitimiza el delito disfrazado de reconocimiento histórico de una pseudo comunidad que nunca -jamás- existió en nuestra localidad. Para que el delito se prolongue en el tiempo, hace falta una inacción de la administración central, que devenga en complicidad frente a la voluntad delictiva de sectores que agreden las más elementales normas del Estado de Derecho.
La pasividad por parte del Estado avala la ilegalidad y dilata el problema, buscando hacerlo invisible ante una sociedad cansada y adormecida, poniendo de rodillas a un sistema judicial, al parecer, inútil y debilitado frente a un poderoso órgano ejecutivo que no respeta la división de poderes del sistema democrático que este país ostenta, donde jueces y fiscales, al parecer, marchan al compás de directivas del ejecutivo provincial.
Lamentablemente esta incipiente y paupérrima política municipal poco se ajusta a vivir en un estado de derecho Los primeros responsables son los funcionarios del ejecutivo que fomentan esas conductas. Tal es el caso, que en los últimos días habiéndose realizado una denuncia por las conexiones clandestinas e ilegales del sistema eléctrico, el mismísimo intendente Javier Murer en compañía de funcionarios del EPEN y con aparente anuencia dictada desde altos funcionarios provinciales, recorrieron la zona usurpada con el fin de dar el servicio de forma “cuasi legal” a los usurpadores; exceptuándolos de todas reglas, que el mismo Ente Provincial de Energía de Neuquen publica en su página web official, beneficio que ningún otro vecino tendría en esta localidad.
La máxima autoridad del ejecutivo municipal es cómplice cuando, además, mantiene reuniones periódicas con los usurpadores tolerando y fomentando el delito y la extorsión constante y sistematizada, generando una creciente desigualdad social frente al acceso a servicios básicos entre quienes están dentro y fuera de la ley y las reglamentaciones vigentes., entre quienes pagan por esos servicios y quienes simplemente se sirven de los mismos sin erogación alguna. Esta inequidad promovida por el ejecutivo municipal erosiona la confianza en la habilidad del gobierno a cargo de Murer para abordar las necesidades de la mayoría, ya que beneficiando a quien delinque deja en inferioridad de condiciones al resto de los ciudadanos de bien que pagan tasas, impuestos y servicios, y que integran una verdadera comunidad.
Maria Luz Ricardes
DNI 23835738
Villa la Angostura
