Cerca del mediodía de este miércoles, en la sala de audiencias penales de los tribunales de Villa la Angostura, se formularon cargos contra miembros del asentamiento denominado Paicil Antriao, en el marco de una causa que se les sigue por presunta usurpación y tentativa de robo.
Los hechos descriptos, según fuera argumentado por el fiscal Adrián De Lillo, quien hiciera uso de la palabra en primer término autorizado por el juez Maximiliano Bagnat, ocurrieron el pasado 3 de febrero en horas de la tarde, en momentos que se encontraba un grupo de ingenieros en la propiedad de la familia Salamida haciendo trabajos de mediciones sobre el predio, cuando sorpresivamente fueron abordados por los acusados y otros partícipes, quitando estacas y señalizaciones a los gritos e intimidando a los profesionales para que abandonen el lugar; tras lo cual, uno de ellos, finalmente intenta robar el teléfono celular del ingeniero Hugo Farmetano, quien asistiera a la jornada acompañado por su abogado, Cristian Hugo Pettorosso, quien también representa a las dueñas del inmueble, las hermanas Josefina y Raquel Salamida.
Precisamente, dichas propietarias habían requerido a los ingenieros y técnicos que fueron victimizados, comenzar con las tareas de mediciones del proyectado Centro de Equinoterapia que se planea construir dentro de una superficie de tres hectáreas facilitadas por las querellantes, a fines de edificar las instalaciones de una institución que funcionará sin fines de lucro, según trascendiera en otras oportunidades.
La audiencia se desarrolló sin inconvenientes y a sala llena, entre presencia de público, personal policial de custodia, acusados, víctimas, abogados, prensa autorizada y demás funcionarios de justicia, quienes presenciaron las alegaciones de los acusadores y la defensa, resolviéndose abrir investigación por delitos de usurpación y tentativa de robo contra los sospechados Jovita Dora Calfupan y Damián Andrés Olivero; otorgándose un plazo de tres meses para culminar las partes con las actividades de pesquisa.
A su turno, Cristian Pettorosso, patrocinando a las querellas, expuso la necesidad de controlar la labor de la fiscalía, ya que las víctimas requerían la presencia de más imputados que fueron debidamente identificados por personal policial, considerando -sostuvo el letrado- que las imágenes registradas en un video aportado por el propio Farmetano, daban cuenta de más partícipes del accionar delictivo denunciado; pero el fiscal De Lillo respondió disidente, sosteniendo que solo formularía cargos en ese momento contra las dos personas sentadas frente al pupitre de acusados, allí presentes.
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Al salir de tribunales, la víctima del intento de robo refirió lo mismo que dentro de la sala de audiencias, expresando que aquella tarde sintió temor por su integridad física y argumentando la querella de Farmetano que “fue un ataque en banda, cobarde, planeado con antelación, donde cada uno de los cinco agresores tenían roles perfectamente distribuidos, tendientes a turbar la posesión, generar temor y robar el aparato de telefonía que registraba las evidencias, procurándose así la impunidad de los hechos como se aprecia claramente en las imágenes aportadas a la Justicia”, indicando finalmente Pettoroso que “el proyecto ecuestre sigue en pie y con más fuerza que nunca, y las propietarias no cederán frente a la violencia indígena organizada, máxime cuando ya han superado dos ataques incendiarios en el año 2009, destruyéndose una confitería e instalaciones turísticas por elementos terroristas pertenecientes a la Resistencia Ancestral Mapuche que sigue operando en estas tierras, según lo tenemos sólidamente acreditado”, concluyó el penalista.
