Cualquier “dolencia” es una buena herramienta para buscar un médico -que se preste- para conseguir un certificado y justificar la inasistencia o los ya famosos “certificados psicológicos”. El municipio de Villa la Angostura no está exento de esta maniobra, mientras el gobierno de la provincia salió a auditar los certificados y lo mismo hizo Río Negro que suspendió esta semana a 47 empleados, cesanteó a otros 8 y despidió a uno más.
Los gobiernos de Neuquén y Río Negro están decididos a ajustar los mecanismos de control interno en la administración pública. Ya lo advirtieron los gobernadores que anticiparon que denunciarán a los médicos que otorgan certificados truchos que generan miles de horas de licencias, y en el caso de Río Negro la Junta de Disciplina se avanzó en sumarios, suspensiones, cesantías y hasta un empleado que fue destituido del cargo.
El caso de la Municipalidad de Villa la Angostura no está exenta de este tipo de maniobras que perjudican no solo al funcionamiento de la administración, sino también a los vecinos que pagan impuestos por horas de trabajo que no se cumplen.
En referencia a la provincia, el gobierno de “Rolo” Figueroa va por el ausentismo de muchos empleados estatales que “no van a trabajar, recargan a sus compañeros y resienten el servicio”, destacan desde la Casa de Gobierno.
Se recuerda, solo por dar un ejemplo, el caso del Ente Provincial de Termas de Neuquén donde se inició una auditoría motivada por un ausentismo del personal utilizando certificados médicos, metodología que afectaba a más del 20 % de los trabajadores estatales.
“Esto genera una carga desproporcionada para el personal y ha comprometido la calidad del servicio ofrecido a los visitantes”, informaron fuentes de Gobierno.
Actualmente se está realizando una auditoría de los certificados médicos presentados, y se establecerán prácticas preventivas destinadas a minimizar las lesiones y el desgaste físico entre los trabajadores.
Este enfoque busca no solo mejorar la eficiencia y la transparencia en el lugar de trabajo, sino también asegurar un trato justo para todos los empleados.
También en Río Negro
Esta semana se volvió a reunir la Junta de Disciplina, según había anticipado días atrás el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, cuando fue consultado por diario Río Negro respecto de las denuncias por certificados truchos. Allí el dirigente dijo que con las convocatorias que el Gobierno realiza de la Junta de Disciplina (en la que participan los sindicatos) “podemos intuir que en los expedientes que tengan tratamiento allí, sí puedan evaluarse estas conductas”.
El Gobierno difundió este sábado que entre mayo y junio, tras cuatro reuniones, los expedientes analizados en el ámbito de la Junta de Disciplina, que depende de la secretaría de la Función Pública, derivaron en sanciones de diversa índole.
Puntualizó que “se iniciaron 30 nuevos sumarios y se aplicaron 47 suspensiones, con duraciones que oscilan entre 1 y 30 días. Además, se aplicaron 8 cesantías y una exoneración”, por distintas faltas disciplinarias de empleados públicos de diversos organismos.
“Las sanciones expulsivas se aplicaron principalmente a agentes del ministerio de Salud, debido a razones de violencia entre compañeros y abandono de servicio. En el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), las sanciones se debieron a causas penales”, informó la provincia.
Agregó que los expedientes contra empleados de los ministerios de Educación, Desarrollo Humano y Senaf, en su mayoría derivaron en “sanciones se relacionaron con el abandono de servicio”.
