Sr. Director.
Hace pocos días tuvimos una audiencia en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Villa La Angostura, a cargo de la jueza Eliana Mariel Fortbetil.
En dicho acto se debatía una situación determinada frente a todos los actores de dicho proceso y la funcionaria que dirigía la audiencia, estando presentes la señora defensora oficial, sendos justiciables de ambas partes, y sus abogados; cuando, de repente, posando la mirada sobre el escritorio de la Secretaría de dicho órgano de justicia, bajo responsabilidad de la actuaria Rocío Fernández, yacía un elemento de librería -tipo lapicero-, con la imagen estampada de Eva María Duarte de Perón.
Ante la conmoción inicial, y aún dubitativo, dando margen de yerro a una posible subjetividad de este observador, pregunto ya finalizando el encuentro, si esa fotografía que lucía en blanco y negro era de Eva Perón; respondiendo pronta la señora secretaria, afirmativamente, con una sonrisa vivaz en la expresión de sus gestos, que dejaba paso a una lectura de cierta complicidad junto a una mezcla de orgullo y satisfacción con una pizca de vergüenza. Esto, reitero, ocurrió en un despacho público, dentro de una oficina judicial.
Las reglas éticas del servicio público, máxime en la actuación de un órgano de Justicia que debe ser necesariamente neutral y objetivo, evitando dejar señales o indicios que sugieran preferencias ideológicas en materia de política partidaria, conforme ordena el Código Iberoamericano de Etica Judicial, impiden cometer tan calificado error; que no hace más que mostrar -una vez más- la depauperación en la calidad del servicio judicial neuquino en el sur de la provincia.
Pero lo peor estaba por venir.
Siendo denunciada esta incorrección ante la misma jueza Eliana Fortbetil, la magistrada avalara dicha reprochable conducta exhibida por su secretaria, sosteniendo -luego de ser denunciada por este letrado- que -textual- “a lo peticionado no ha lugar, toda vez que la conducta alegada no
encuadra en ninguna prohibición del ordenamiento jurídico imperativo vigente y por ende no es susceptible de reproche en términos éticos, máxime cuando la funcionaria Dra. Rocío Fernández reviste el carácter de Secretaria de Familia y no tiene facultades decisorias, con lo cual no se encuentra afectada la imparcialidad de esta Magistrada. Sin perjuicio de ello, podrá utilizar los mecanismos institucionales correspondientes para dirigirse directamente ante el Tribunal Superior de Justicia”.
Tal invitación a puesta en conocimiento a la más jerarquizada autoridad de Justicia llegó tarde, pues previo de labrarse esa resolución, fechada este jueves pasado, ya estaba denunciada la falta de ética ante la Superintendencia del cimero organismo; en razón que, de paridad, cabe en los abogados un imperativo ético de denunciar las infracciones que cometan jueces, fiscales, funcionarios y demás auxiliares de justicia.
Es que la jueza Fortbetil, de acuerdo a las facultades que le otorga la ley orgánica que rige su elevada función, tiene el poder de policía sobre todo lo que suceda en el ámbito de su juzgado, cual comprende un amplio abanico de medidas disciplinarias que puede -y debe- adoptar sobre los desenvolvimientos en todas sus dependencias y colaboradores que la auxilian en la delicada misión de administrar justicia.
Demás esta agregar, la mirada egocéntrica de su errado análisis, dado que la impronta de imparcialidad de la juzgadora con el hecho denunciado aquí, no se pone en crisis; sino que, lo que es más importante, el mensaje que queda para las partes que acuden a un Juzgado en búsqueda de solucionar un conflicto, y quedan asombrados -más bien, perplejos- al ver que cuelgan o se exhiben imágenes de líderes políticos; insinuando ello, con meridiana mesura, un mensaje que pretende irradiar el Juzgado sobre su inclinación de ideología partidaria.
Va de suyo, una dependencia de Justicia no puede funcionar como una “unidad básica peronista”, donde con total normalidad se expresa su amor y respeto por la figura de Evita.
Desde luego, resulta ocioso aclararlo, pero conviene decirlo, el reproche no versa sobre la figura misma de esa líder política; ya que las regla éticas que desconoce la jueza, prohíben del mismo modo mostrar imágenes de otros actores políticos.
Ante lo bizarro que se pretende justificar por parte de la magistrada, utilizando argumentos endebles que no resisten el más mínimo análisis desde el prisma del sentido común y respeto a los ciudadanos de este pueblo, imaginemos por un momento qué sensación daría a la gente presentarse ante el llamado de Justicia, y observar en cualquiera de las oficinas del edificio de tribunales, por ejemplo, que en la mesa de entradas de Fiscalía colgara el cuadro del General Juan Domingo Perón; y unos pasos más allá, en la Defensoría, se exhibiera una imagen de Raúl Alfonsín, u otros políticos que ejercieron liderazgos partidarios en nuestro país.
Ahora deberá expedirse el Tribunal Superior de Justicia, y veremos qué mensaje dará a la sociedad neuquina, compelido a su mayor prudencia en estos tiempos de falta de credibilidad de la gente en el servicio jurisdiccional, precisamente, por conductas de magistrados como la que se acaba de denunciar.
Abog. Cristian Hugo Pettorosso
Matr. 2248, C.A.P.N; T°XLVIII, F°208, C.A.L.P; T°600, F°816, C.F.A.L.P.; Tº97, Fº387, C.P.A.C.F.
