Se trata de Franco Javier Reyes Maeso a quien la justicia le secuestró su notebook y su celular, buscando información por los certificados emitidos para justificar ausencias laborales.
Este jueves la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén dio a conocer el inicio de una investigación por más de 800 certificados de licencias psicológicas que emitió un psicólogo de Andacollo, en el lapso de cuatro meses, y que fueron presentados por trabajadores estatales en diversas ciudades de la provincia.
Durante la mañana del jueves realizaron un allanamiento en el consultorio donde trabajaba el hombre, en busca de información para la investigación. El operativo se llevó adelante por pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, y contó con la colaboración de la Policía neuquina.
“De acuerdo a la investigación que iniciamos en el Ministerio Público Fiscal (MPF), este profesional habría emitido 800 certificados que fueron presentados en el Consejo Provincial de Educación (CPE), y otros 63 presentados en la administración central”, precisó Vignaroli.
Vignaroli confirmó este viernes que el psicólogo involucrado es Franco Javier Reyes Maeso, según apuntó en declaraciones a LU5.
Alarma en el Colegio de Psicólogos
La presidenta del Colegio de Psicólogos, Sabrina Contreras, se manifestó sorprendida y preocupada por lo que habría hecho este psicólogo en Andacollo. “Enterarnos de esta noticia, justo en pleno receso administrativo del colegio… imagínese la preocupación con la que estamos”, confesó.
La psicóloga explicó que para que el profesional emita un certificado de licencia por una situación psicológica, los pacientes lo deberían haber visitado en su consultorio en Andacollo. El fiscal jefe señaló que los certificados fueron otorgados en la primera parte del actual año, y estuvieron destinados a personas de las ciudades de Neuquén, Zapala, Chos Malal, Centenario, Añelo, Loncopué, Plottier, Picún Leufú y Andacollo.
“Vamos a solicitar a Fiscalía todos los datos de la investigación para realizar el procedimiento interno que corresponde y evaluar la situación al Tribunal de Ética del Colegio”, confirmó en declaraciones radiales.
Certificados truchos: el allanamiento de la Fiscalía
Durante el procedimiento, autorizado por el juez de garantías Lucas Yancarelli y realizado por personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía, se secuestraron certificados con fechas postdatadas, una notebook y un teléfono celular, cuyo contenido será analizado por los investigadores. Vignaroli precisó que en el lugar también “se constató la existencia de un título que habilita para tal profesión”.
Respecto a uno de los certificados hallados, el fiscal jefe detalló que el papel “otorgaba una licencia desde el 23 de julio hasta el 31 de agosto próximo”, al tiempo que mencionó que “no fue posible hallar ningún tipo de historias clínicas ni fichas”.
En tanto, el profesional fue demorado, identificado y se le informó que debía designar un abogado.
En forma preliminar, el delito que está bajo investigación es el de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal, con expedición de certificado médico falso y con uso de certificado médico falso.
Vignaroli precisó que la denuncia fue hecha por la Fiscalía de Estado, “en la cual se nos planteó que como consecuencia de estas licencias que serían irregulares, el Estado debe pagar una importante suma de dinero por una causa falsa”.
A través de la investigación iniciada, el MPF determinará en los próximos días si corresponde avanzar en una eventual formulación de cargos y, en ese caso, las personas a las cuales imputaría.
Los certificados y la polémica por las auditorías
La polémica por los certificados truchos es de larga data. El pasado 8 de mayo, el Gobierno Provincial anunció que dispuso cambios para mejorar el control de certificados médicos y sustituyó a la empresa que se encargaba por un grupo propio de profesionales que, junto con la Dirección de Salud Ocupacional, audita los certificados médicos, sistematiza la información y programa las juntas médicas correspondientes.
“Con este nuevo dispositivo de control, comprendemos la necesaria articulación con las ART para realizar tareas preventivas y de mejora de la salud del conjunto de los trabajadores, como la urgencia en acciones que nos permitan corregir los altísimos índices de ausentismo docente”, indicaron desde el CPE.
Además, sobre el nuevo grupo de profesionales, se explicó que desde enero, con el objetivo de recuperar la jerarquía del área de salud ocupacional dependiente de la Coordinación de Recursos Humanos, se incorporaron un médico laboral, una psicóloga, una trabajadora social y una psicóloga social, que se suman a la estructura técnica de planta permanente. Se dispusieron también medidas tendientes a mejorar los sistemas de control de los certificados médicos y ausentismo.
Por su lado, según ATEN este grupo de profesionales no alcanza a auditar todos los certificados médicos que ingresan al sistema por día por lo que reclamaron que se sume más personal al área para evitar que no queden grados sin docentes y así estudiantes sin clases. “Sería importante que por haya auditorías inclusive por regiones, en los distritos, para que no quede todo centralizado y de esa forma se ayudaría a descomprimir y agilizar la situación”, dijo Pablo Grisón, secretario gremial de ATEN.
