Así lo indicó la concejala del bloque Primero Angostura. Dijo que el secretario Sebastián Iaretti había pedido las modificaciones en el Código de Planeamiento Ambiental Urbano de Villa La Angostura que fue sancionada en la ordenanza que el intendente Murer vetó. Pedirán un dictamen legal para definir si rechazan el veto.
La decisión del intendente Javier Murer de vetar en forma total la ordenanza 4170, sancionada a finales de agosto pasado por la mayoría del Concejo Deliberante, para adecuar el Código de Planeamiento Ambiental Urbano de Villa La Angostura, que regula las construcciones en esta localidad, a las leyes nacional y provincial de protección de los bosques nativos, sorprendió a algunos concejales.
La concejala del bloque Primero Angostura, María Eugenia Ceraso, señaló que el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Sebastián Iaretti, había pedido el cambio de la normativa que fue sancionada por el Concejo Deliberante. Pero un mes después, acompañó con su firma el veto de Murer.
En declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL Ceraso dijo que van a pedirle al equipo de la Secretaría de Planeamiento “tanto de la planta política como técnica que se vuelvan a presentar en el Concejo Deliberante porque fue esa Secretaría la que impulsó y elevó el pedido de la derogación del anexo, que quedo prácticamente derogado pero con una redacción específica”.
Indicó que “todo el proyecto se inició por un expediente que inició el Secretaría de Planeamiento”. El mismo secretario de Planeamiento que eleva el proyecto luego acompaña con su firma el veto del intendente un mes después”, sostuvo.
“Nuestro bloque y nuestro espacio político que votó de manera afirmativa la ordenanza que fue vetada tiene otra mirada y otra interpretación”, dijo el concejal del bloque Juntos por el Cambio Héctor Vénica.
Indicó que la ordenanza vetada por Murer “respeta los presupuestos mínimos” (que prevé la normativa vigente) y afirmó que “no hay una delegación de facultades por parte del municipio, sino que lo que hay es una adecuación a las normas ambientales que son de carácter protectorio y además está en sintonía con la ley nacional y la ley provincial”.
La autonomía municipal
Uno de los fundamentos del veto del intendente es que la ordenanza 4170 afecta la autonomía municipal para planificar su ordenamiento territorial.
“Por otro lado, la modificación que se hizo a la ordenanza en lo que respecta a los parámetros del A y AA (áreas urbanísticas del ejido) deja siempre sujeto al Concejo Deliberante el proyecto que se presente para su aprobación”.
“En realidad, la modificación que se realizó a la ordenanza original lo que hizo fue precisamente adecuar a la ley nacional de bosques porque la misma fue posterior a la incorporación de esos índices que tenían, vamos a decir, los indicadores del A y del AA”, observó Vénica.
“En cuanto al veto los fundamentos que establece el señor intendente están siendo estudiados por nuestro espacio político a los fines de ver la posibilidad de si insistimos o no con la ordenanza y de acuerdo a como establece la Carta Orgánica Municipal (COM)”, manifestó.
“En caso de que el Concejo considera que es fundamental esa modificación de la ordenanza que vetó el intendente la puede insistir con el voto de los dos tercios”, explicó.
Dijo que la idea que se acordó entre todos los bloques “es pedir un dictamen legal a los fines de determinar y contrastar el dictamen legal que tomó el intendente” para el veto. Recordó que el Concejo Deliberante no tiene asesor legal.
“Lo que se decidió en comisión es la posibilidad de requerir un asesor legal para que realice un dictamen en este caso específico, pero de todas formas cada uno de los bloques está estudiando los fundamentos del veto, al igual que el dictamen jurídico que toma el intendente a los fines de ver realmente la razonabilidad o la posibilidad de insistir con la ordenanza que fue sancionada y vetada”, destacó Vénica.
Fue sancionada por cinco votos
Vénica y Ceraso destacaron que la ordenanza vetada fue sancionada por cinco votos afirmativos. Solo el concejal Tomás Andrade, del bloque Avanzar Neuquén, se opuso y el presidente del Concejo, el oficialista Sebastián Raimondo, se abstuvo.
“Estamos estudiando qué posibilidades administrativas tenemos de insistir desde el Concejo Deliberante y en el marco de la COM con una ordenanza que ya se había aprobado por cinco votos para eso iniciamos varias acciones”, detalló Ceraso.
Una de esas acciones es pedirle explicaciones al equipo de Planeamiento del municipio. La otra acción es pedir una asesoría legal al respecto “porque si bien el veto no fue acompañado con el dictamen jurídico que cita, sí tiene todo un descargo y entendemos que hay lecturas de la legalidad de los argumentos que esgrime que se pueden cuestionar”.
“Nosotros como bloque, Primero Angostura, estamos recibiendo asesoramiento legal de gente que trabaja en Ambiente a nivel nacional y que impulsa la protección y la protección de todo lo que está amparado por la ley de bosques y así debe estar amparado por la pirámide jurídica”, comentó Ceraso.
“En este tiempo van a estar habiendo novedades en relación a esos distintos cursos de acción por el veto que llegó el 9 de septiembre al Concejo”, indicó.
Ceraso afirmó que “el espíritu de cambio de normativa además de ser una iniciativa de la Secretaría de Planeamiento que, luego es el mismo secretario es el que firma el veto, todo lo que estudiamos tuvo que ver con no mantener normativas a nivel municipal que fuesen inconstitucionales por ir en contra de las leyes que protegen los bosques a nivel nacional y provincial”.
Las leyes están por encima de una ordenanza
“Las leyes que están vigentes están por encima de ordenanzas”, afirmó Ceraso. Dijo que en todo caso las ordenanzas “no pueden ser más permisivas, aunque sí más restrictivas. Es en ese sentido que nosotros apoyamos la normativa”.
“Esperamos que se pueda revisar e insistir para que las áreas que están protegidas por la zonificación amarilla de la ley de bosques no tengan permisos urbanísticos que vayan en contra del espíritu de la ley de Bosques en nuestro territorio”, enfatizó.
Advirtió que la autonomía municipal “tiene un techo que son las leyes provinciales y nacionales que, por la pirámide jurídica, restringen las libertades que tiene un municipio para actuar en su territorio”.
