Este martes, pasada la media mañana, se desarrolló en los tribunales locales, una audiencia en el caso donde se investiga la muerte de Robinson Gatica en el marco del procedimiento policial llevado adelante el 20 de julio de 2022.
La citación al juzgado penal la movilizó la querella que representa a la familia del fallecido, a partir de la decisión de sobreseimiento dictada por la jueza Bibiana Ojeda, buscando los acusadores revertir esa resolución que dejara libre de culpa y cargos a los cinco policías que prestaban servicios en la Comisaría 28 de Villa La Angostura, siendo Víctor Hugo Muñoz, David Ezequiel Cuevas, Erwin Alejandro Mora, Alejandro Bravo y Darío Luis González; donde todos fueron acusados a partir de la formulación de cargos sospechados homicidio calificado; en quienes pesaba una pena en expectativa de prisión perpetua en un proceso que fue evaluado como complejo y que demandó poco más de dos años de investigación.
En esta nueva audiencia, dirigida por el juez sanmartinense Maximiliano Bagnat, participaron el fiscal Adrián De Lillo, la querella llevada adelante por el abogado Virgilio Sánchez y los defensores de los policías involucrados, Alejandro Casas y Cristian Hugo Pettorosso.
La querella pretendiera hacer valer los testimonios de la perito forense Virginia Creimer y de un psiquiatra oriundo de San Carlos de Bariloche, teniendo como objetivo ser escuchados próximamente ante el Tribunal de Impugnación, donde la acusación privada procurará revocar lo resuelto por la jueza zapalina, cuando sobreseyera a los uniformados en los primeros de días agosto pasado.
Fue así, que ante la oposición del agente fiscal y los abogados defensores, el magistrado Bagnat resolvió rechazar las evidencias de testigos propuesta por el querellante Virgilio Sánchez; quedando sin pruebas para argumentar ante los jueces que revisarán el caso.
Perito que carecía de matrícula habilitante
A turno de ser escuchado el abogado Cristian Pettorosso, defensor del policía Muñoz, sostuvo que “con una praxis errada, la querella intentó meter por la ventana a un par de testigos, pues el pedido traído resultaba extemporáneo; no logrando el intento de producir testimonios de personas que podrían haber declarado oportunamente ante la jueza Ojeda”, añadiendo el letrado que “dejaron de usar un derecho que tenían, y ahora ya es tarde para pedirlo”, argumentó el penalista.
Pero Pettorosso fue más allá de los planteos de técnicas procesales que discutieron las partes, cargando críticas en un pasaje de su alegación, sobre la forma en que se permitió por parte del Ministerio Público Fiscal la participación de una perito que no estaba matriculada en la provincia de Neuquén, citando como antecedente un caso análogo -de un hecho de abuso sexual ocurrido en esta localidad- donde “el fiscal impidió la intervención de una perito psicóloga especialista en abuso sexual infantil, que provenía de la provincia de Buenos Aires, a pedido de este defensor”, interpretando el letrado que “ese tratamiento tan dispar de un legajo a otro, me mueve a dudas sobre el desenvolvimiento de la acusación pública en el expediente Gatica, porque, entre otras razones ya ventiladas a lo largo del proceso penal, la médica Virginia Creimer jamás podría haber intervenido en este caso, pues no estaba habilitada para ejercer la medicina en territorio neuquino, y por ende, nunca podría habérsela escuchado en carácter de perito en estrados judiciales, y mucho menos permitirle confrontar con galenos oficiales del Cuerpo Médico Forense neuquino”, sostuvo finalmente Pettorosso.
Las partes esperan ahora ser convocadas por el Tribunal de Impugnación, donde se discutirá y decidirá si ha sido justo el sobreseimiento dictado a favor del personal policial.
