La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se encuentra trabajando “contra reloj” para poder subsanar los 82 hallazgos detectados por la auditoría que la Federal Aviation Administración (FAA) de los Estados Unidos, realizó en el mes de abril de este año y que, de no subsanarse, podrían derivar en la pérdida de Categoría 1 de Argentina, como el caso del aeropuerto internacional de Bariloche.
La FAA retornará al país en los próximos meses para una nueva instancia de control del Programa de Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional (IASA, por su sigla en inglés) y evaluar si el sistema aeronáutico argentino está en condiciones de mantener la Categoría 1, que es la máxima calificación de seguridad operacional, o si corre el riesgo de descender a la Categoría 2.
La FAA otorga la Categoría 1 al país que cumple con los estándares de seguridad para la supervisión de la seguridad en la aviación civil que fija la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Si una nación es calificada para la Categoría 1, sus operadores pueden brindar servicios directos a los Estados Unidos o asociarse al sistema de código compartido con compañías aéreas estadounidenses.
Si la FAA comprueba que las normas y regulaciones del país no son las adecuadas para supervisar a las aerolíneas, y que la autoridad aeronáutica civil, la ANAC, presenta carencias que podrían afectar la seguridad de los vuelos que se realizan a los Estados Unidos y/o la de los ciudadanos estadounidenses, degradaría a la Argentina a la Categoría 2.
En esa categoría los operadores no podrán iniciar o continuar el servicio a los Estados Unidos de manera normal ni participar en acuerdos recíprocos de código compartido con compañías aéreas estadounidenses y la FAA dejará de aceptar recíprocamente cualquier aprobación o certificación. Además, una pérdida de categoría ante la FAA dispara auditorías de otras autoridades aeronáuticas como EASA, la agencia de seguridad europea.
Esto tendría un impacto directo sobre los costos de las compañías, ocasionando un perjuicio económico de importancia para las empresas y para el país, ya que vería reducido su margen de negociación para la llegada de inversores, en un momento en que, precisamente es lo que se busca.
Tarea prolija
Fuentes oficiales señalaron que se está llevando adelante “una tarea prolija”, para responder a las recomendaciones de la FAA, que tienen que ver con certificaciones, actualizaciones del marco regulatorio y capacitación. Las fuentes señalaron que, anteriormente, no había una comunicación fluida entre la ANAC y la Secretaría de Transporte, a punto tal que la Secretaría no participó de la auditoría de abril y esa situación llevó a un desconocimiento de lo que se estaba haciendo, que era “muy poco”, para resolver los problemas planteados.
Desde el momento en que se decidió intervenir la ANAC, se inició un proceso de reorganización y armado de un equipo de trabajo para avanzar en la solución de cada uno de los temas apuntados. Se contrataron expertos en operaciones, en licencias y en aeronavegabilidad para abordar las diferentes problemáticas y colaborar en el plan establecido. Con cada uno de los expertos se desarrolló un plan de acción correctiva para cada acción con plazos para cada uno de los puntos y en la ANAC confían en poder “llegar a tiempo” para subsanar los temas en cuestión y resolver la situación.
Desde la autoridad aeronáutica indicaron que recientemente en un encuentro en Canadá, el Secretario de Transporte de la Nación le presentó a las autoridades de la FAA, el plan de trabajo que se estaba llevando a cabo para demostrar que se “está haciendo” lo necesario para resolver los 82 hallazgos detectados por el organismo estadounidense. Aclararon, no obstante, que se trata de “un problema de tiempo” y que se está “trabajando contra reloj”.
