Desde el Ministerio Público Fiscal informaron cuál es la postura en relación a la posibilidad de resolver la causa en un acuerdo pleno, pero la abogada que representa a dos querellantes dijo que sus asistidos hasta ahora no prestan su consentimiento para un juicio abreviado.
El agente inmobiliario Ramiro Fernández, que está imputado de haber cometido presuntamente decenas de estafas, aún no tiene el camino allanado para resolver su situación procesal en un posible juicio abreviado, con la imposición de una probable pena de 3 años de prisión efectiva.
La abogada de dos damnificados, que son querellantes en la causa, informó a LA ANGOSTURA DIGITAL que hasta el momento sus representados no están dispuestos a prestar consentimiento a un acuerdo pleno que convalide esa solución del conflicto.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la propuesta de resolver en un juicio abreviado la causa que tiene a Fernández imputado “es uno de los borradores que estaban circulando entre los abogados”, que intervienen en el caso. “Como son propuestas, no se confirman hasta que se tenga conocimiento de las posturas de todos los involucrados”, explicaron.
Recordaron que en el procedimiento penal “existe una instancia donde todas las partes conversan sobre posibles acuerdos en torno a las declaraciones de responsabilidad y pena (previo a que la fiscalía presente su requerimiento de apertura a juicio)” y señalaron que “en ese marco circulan entre los abogados borradores de posibles acuerdos –donde se plasman las propuestas de defensores, acusadores privados (querellantes), y acusadores públicos (fiscales)”.
Desde el Ministerio Público Fiscal comentaron que en este caso “existen múltiples damnificados (muchos de ellos querellantes), donde actúan con representación de sus abogados”. Por eso, aseveraron que “si todas las partes no se encuentran conformes los acuerdos no se pueden llevar adelante”.
Comunicaron que en el caso de Fernández “circularon diferentes propuestas en borrador sobre posibles acuerdos; donde en el caso de no existir conformidad de todos los querellantes, defensores y de la fiscalía, el acuerdo no prospera y se sigue adelante con la instancia de juicio”.
Plantearon que “dados los tiempos procesales (y la multiplicidad de maniobras) se estima que un posible juicio podría llevarse adelante avanzado el año 2025” y adelantaron que la fiscalía “en instancia de juicio pretende una pena sustancialmente mayor” a los 3 años de prisión efectiva, que es una de las posibilidades que se analizan en uno de los probables acuerdos.
Mientras que la abogada Lorena Miani, que representa a dos damnificados que son querellantes en la causa, indicó con respecto a la nota publicada por LA ANGOSTURA DIGITAL que “es cierto que estamos trabajando en la posibilidad de lograr un acuerdo y resolver el caso de una manera más rápida, segura y económica”. Pero aclaró que, “ciertamente hasta aquí las conversaciones mantenidas no han finalizado”.
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“Pero respecto de mis clientes, no hay consentimiento al día de la fecha, dado que yo solicite ciertas condiciones, que de no coincidir con el resto de las partes sobre las mismas, pienso en un juicio como única posibilidad de resolver el conflicto”, sostuvo la abogada querellante.
“Hasta acá -destacó Miani- las evidencias recopiladas son contundentes en la determinación de responsabilidad del imputado, y eso es una posición beneficiosa para nosotros”.
Los hechos que le atribuyen a Fernández
La fiscalía le atribuye a Fernández haber cometido 45 hechos de estafas inmobiliarias y financieras. Esas operaciones fraudulentas dejaron 41 víctimas hasta el momento. Los hechos denunciados ocurrieron desde agosto de 2017 hasta el 2021.
Según la fiscalía, el imputado sería el autor de 43 estafas inmobiliarias, con 39 víctimas, y de estafas financieras contra dos víctimas. El fiscal Adrián De Lillo estimó cuando se hizo la audiencia de formulación de cargos el 8 de marzo pasado que el perjuicio patrimonial de todas las defraudaciones ronda 1.200.000 dólares.
Además, al imputado se le atribuye haber pedido préstamos en dólares, que presuntamente no devolvió. También, de haber firmado supuestamente pagarés y boletos sobre lotes ya vendidos. Para desplegar esas maniobras, organizaba visitas de los compradores sobre loteos existentes y realizados por la inmobiliaria Lepore que después como los vendía seis o siete veces trataba de evitar entregar la posesión o la escritura.
La fiscalía sostuvo que muchos de esos boletos de compraventa fueron firmados en la oficina de la inmobiliaria Lepore, donde trabajaba el imputado. Es más, Fernández se presenta ante la Justicia neuquina como agente inmobiliario de la Inmobiliaria Lepore.
Los acusadores públicos y privados le atribuyeron otra modalidad de estafa al haber colocado número de unidades funcionales inexistentes. Y haber engañado supuestamente a dos personas con inversiones inmobiliarias.
La investigación había comenzado el año pasado a partir de varias denuncias que se recibieron en la fiscalía de Villa La Angostura. Cuando quisieron ubicar al sospechoso en la localidad no lo hallaron. Recién el 1 de marzo pasado, Fernández se presentó en una comisaría de la ciudad de Neuquén para ponerse a disposición de la justicia después de que la fiscalía dictara una orden de captura.
Prisión domiciliaria
El 8 de marzo pasado, el juez Ignacio Pombo admitió los cargos que la fiscalía, con la adhesión de las querellas, formuló contra Fernández. Y declaró que se trataba de una causa compleja. Por eso, le otorgó a la fiscalía, las querellas y la defensa 6 meses para desarrollar sus investigaciones. Aunque después dispuso una prórroga por 2 meses.
Pombo le concedió a Fernández la prisión preventiva de manera domiciliaria en Plottier, con la tobillera electrónica para controlar sus movimientos. Y lo autorizó “a salir a trabajar de lunes a viernes entre las 6 y 19 y el sábado entre las 6 y 16 para concurrir exclusivamente a la empresa Smith SRL, ubicada en Barda del Medio, ruta 151, kilómetro 31 de Río Negro, el empleador es Federico Sebastián Paolo”.
