Así lo dispuso el juez Ignacio Pombo este miércoles, en una audiencia de revisión de medidas cautelares. Solo deberá acercarse todos los días a firmar en la comisaría 19 de la ciudad de Neuquén, donde fijó domicilio. En los próximos días se define si va a juicio.
El juez Ignacio Pombo resolvió este miércoles revocar la prisión domiciliaria que se le había impuesto el año pasado al agente inmobiliario Ramiro Fernández, que está imputado por decenas de estafas con la venta de inmuebles en Villa La Angostura.
Fuentes judiciales informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que la audiencia se hizo esta mañana de miércoles y que al pedido de la defensa de revocar la domiciliaria no hubo objeciones de parte de la fiscalía ni de las querellas particulares.
El magistrado le impuso a Fernández la obligación de firmar en forma diaria en una comisaría cercana al domicilio que informó a la Justicia.
Las fuentes dijeron que el juez le concedió que concurra todos los días, entre las 19 y las 22, a la comisaría 19 de la ciudad de Neuquén a cumplir con ese requisito.
Por el Ministerio Público Fiscal estuvo el asistente letrado Federico Gayos.
El próximo paso será la audiencia de control de acusación, que fue fijada para el 25 de este mes.
A principios de febrero, la fiscalía pidió la reformulación de los cargos que se le habían atribuido el 8 de marzo del año pasado a Fernández.
En ese momento, lo imputaron por 49 hechos de estafas (47 inmobiliarias y 2 financieras) y un hecho de desbaratamiento de derechos acordados.
La reformulación de la imputación fiscal
Días atrás, el juez de garantías Eduardo Egea aceptó el planteo de la fiscalía. Gayos indicó a Egea que en función del análisis de las evidencias y en el contexto de la complejidad del caso, fue necesario el cambio de calificación y el pedido de sobreseimiento respecto de determinados hechos atribuidos al inicio de la investigación.
Informó al magistrado que finalmente le imputan a Fernández haber cometido de 36 hechos de estafas (34 inmobiliaria y 2 financieras) y 3 hechos por desbaratamiento de derechos acordados.
El juez de garantías Eduardo Egea hizo lugar al requerimiento de la fiscalía.
Según la acusación fiscal, a la que las querellas adhieren, Fernández hizo las maniobras entre agosto de 2017 y diciembre de 2023. Las estafas sucedieron bajo tres modalidades distintas: La primera fue en el ofrecimiento para la venta de unidades funcionales de un loteo, para luego al momento de suscribir los respectivos boletos de compraventa, colocar nomenclaturas catastrales correspondientes a otros lotes que ya habían sido vendidos, llegando a revender un mismo lote en más de una oportunidad.
La segunda modalidad adoptada consistió, según la fiscalía, en plasmar en un boleto de compraventa nomenclaturas catastrales de una unidad funcional inexistente dentro del mismo loteo.
Mientras que la tercera modalidad fue vender unidades funcionales respecto de las cuales el acusado no era propietario, ni tenía poder conferido a su favor que le permitiese llevar a cabo las operaciones de venta concretadas.
Desde la fiscalía informaron a principios de este mes que el monto de la estafa fue aproximadamente de 1 millón de dólares. En los próximos días se definirá si Fernández va a juicio o no.
