Ramiro Fernández reconoció su culpa y lo declararon responsable de 36 estafas

El acusado reconoció haber sido el autor de 36 hechos de estafas y 3 de desbaratamiento de derechos acordados en un acuerdo parcial alcanzado con la fiscalía de Villa La Angostura, que tuvo el aval de las querellas y de su defensor particular. El juez que revisó el acuerdo lo declaró culpable en un juicio abreviado. Solo queda pendiente definir la condena.

 

Un año después de que la fiscalía de Villa La Angostura lo imputara, con la adhesión de los querellantes particulares, al agente inmobiliario Ramiro Fernández por numerosas estafas, el imputado admitió este miércoles su responsabilidad en los hechos en un juicio abreviado.
Fernández admitió haber cometido 36 hechos de estafa y 3 hechos de desbaratamiento de derechos acordados en un acuerdo parcial alcanzado con la fiscalía de Villa La Angostura, representada por el asesor letrado Federico Gayós, al que adhirió la abogada Lorena Miani y Guillermo Hensel, que representaron en el proceso a damnificados que se constituyeron como querellantes en la causa.

El acuerdo parcial fue presentado en la audiencia que se hizo este miércoles ante el juez Ignacio Pombo, con el consentimiento del acusado y de su defensor particular.

El magistrado lo revisó para verificar si cumplía los requisitos legales y lo homologó, informó Miani y fuentes judiciales a LA ANGOSTURA DIGITAL. En consecuencia, Pombo lo declaró a Fernández autor penalmente responsable de 36 hechos de estafas con operaciones inmobiliarias y 3 hechos de desbaratamiento, todo en concurso real.

El veredicto lo dictó en forma oral e informó que los argumentos de la sentencia los comunicará en los próximos días, dentro del plazo legal.
Con el juicio abreviado, el acusado evitó ir a un juicio común. Solo queda pendiente la segunda etapa del proceso que será el juicio de cesura que será con un tribunal colegiado, es decir, integrado por tres jueces o juezas.

Justamente, la fiscalía, las querellas y la defensa discutirán el monto de la pena a imponer a Fernández, que superará los 3 años de prisión. En consecuencia será una condena de prisión efectiva. La fecha de esa audiencia se fijará en los próximos días después de que Pombo difunda la sentencia.
Después, la fiscalía, las querellas y la defensa presentarán las pruebas para la cesura.

Antecedentes de la causa

La investigación comenzó a finales del 2023 a partir de varias denuncias que se recibieron en la fiscalía de Villa La Angostura. Pero cuando quisieron ubicar al sospechoso en la localidad no lo hallaron.
Recién el 1 de marzo de 2024, Fernández se presentó en una comisaría de la ciudad de Neuquén para ponerse a disposición de la justicia después de que la fiscalía solicitara una orden de captura.

El 8 de marzo pasado, la fiscalía de Villa La Angostura le atribuyó haber cometido 45 hechos de estafas inmobiliarias y financieras. Esas operaciones fraudulentas dejaron 41 víctimas hasta el momento. Y le impusieron prisión domiciliaria como medida cautelar, que el juez revocó en febrero pasado, cuando además la fiscalía reformuló los cargos contra el imputado, con el aval de las querellas.
Tras esa reformulación quedó imputado por 36 hechos de estafas y 3 hechos por desbaratamiento de derechos acordados.
Los hechos denunciados ocurrieron desde agosto de 2017 hasta el 2021.

Según la acusación fiscal, a la que las querellas adhirieron, Fernández hizo las maniobras entre agosto de 2017 y diciembre de 2023. Las estafas sucedieron bajo tres modalidades distintas: La primera fue en el ofrecimiento para la venta de unidades funcionales de un loteo, para luego al momento de suscribir los respectivos boletos de compraventa, colocar nomenclaturas catastrales correspondientes a otros lotes que ya habían sido vendidos, llegando a revender un mismo lote en más de oportunidad.

La segunda modalidad adoptada consistió, según la fiscalía, en plasmar en un boleto de compraventa nomenclaturas catastrales de una unidad funcional inexistente dentro del mismo loteo.

Mientras que la tercera modalidad fue vender unidades funcionales respecto de las cuales el acusado no era propietario, ni tenía poder conferido a su favor que le permitiese llevar a cabo las operaciones de venta concretadas. Desde la fiscalía estimaron que el monto de la estafa fue de aproximadamente de 1 millón de dólares.

 

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