Ayer, fueron los alegatos de clausura ante el juez Eduardo Daniel Egea. Para los acusadores público y privado se probó la acusación. En cambio, el defensor plantea que no cometieron ningún delito. El lunes se conocerá el veredicto.
La fiscalía de Villa La Angostura pidió al juez de juicio Eduardo Daniel Egea que declaró autores penalmente responsables a Damián Olivero y a Jovita Cayupan por la usurpación de un lote de la familia Salamida en esta localidad. Y además solicitó que a uno de los imputados se le declare culpable además por intento de robo.
Para la fiscalía, se probó durante el juicio, que se desarrolló entre el miércoles y jueves la teoría del caso que había presentado. El abogado por la querella Cristian Pettorosso, adhirió al pedido de la fiscalía de declarar culpables a Olivero, que es el lonko de la comunidad mapuche Paicil Antriao y a Cayupan, que también integra la comunidad.
En cambio, el defensor Virgilio Sánchez alegó por la absolución de los dos acusados. El juez informará el lunes el veredicto.
El hecho que se les atribuye a los imputados ocurrió, según la teoría de la fiscalía, a la que adhieren los querellantes, la tarde del 3 de febrero del 2024 en Villa La Angostura. En el terreno de la familia Salamida había un grupo de ingenieros que realizaba unos trabajos de medición en ese lugar, cuando fueron abordados por los imputados y otras personas, quienes retiraron las estacas e intimidaron a los profesionales.
Uno de los imputados intentó robarle el celular al ingeniero Hugo Farmetano, indica la acusación fiscal. Farmetano es querellante en la causa y lo asiste Pettorosso.
El punto de vista de la defensa
Tras la audiencia, Sánchez informó que había pedido la absolución y expuso los fundamentos del alegato: “Como anticipé en mi alegato de apertura, no sólo ha quedado demostrado en este juicio que mis defendidos no cometieron el delito que aquí se les enrostra, sino que además han sido ellos las víctimas de aquellos acontecimientos por los cuales se los trajo aquí a juicio”, planteó Sánchez.
Dijo que en la primera jornada del juicio “escuchamos a los testigos de la parte acusadora que hablaron menos de los hechos del caso que de sus propios proyectos, y por lo tanto de sus propios intereses que contaminan su testimonio”.
“Es evidente que tanto el señor Farmentano, el señor Galli, el señor Dino y el señor Razzone eran socios de un proyecto que pretendían llevar adelante en las tierras que la comunidad mapuche Paichil Antriao reivindica como propia”, sostuvo Sánchez.
“Son básicamente los testimonios de los miembros de la comunidad Paichil Antriao los que nos arrojan luz sobre la realidad de los hechos, es decir, que fueron ellos los turbados en su posesión”, afirmó.
Dijo que del “video exhibido por la parte acusadora lo único que se ve es a un grupo de hombres molestando a miembros de la Comunidad Paichil Antriao que les están pidiendo que se retiren de su territorio. No se advierte allí ningún delito”, destacó el defensor.
Dijo que tampoco “se advierte que en ese incidente del 3 de febrero haya participado la presunta víctima, los protagonistas en concreto fueron terceros que no tienen derecho alguno sobre el predio, pero sí intereses personales”.
Recordó que en el juicio “incluso se le preguntó a la señora Salamida si había tenido algún problema con la comunidad y dijo que no, y que ella no iba al lugar”.
“No hay nadie”
Según Sánchez, “fue notable la respuesta del señor Farmentano cuando le pregunté ¿quién vive en el lugar? y dijo ahí no hay nadie”.
“Y esa respuesta es toda una definición, porque ellos consideran que la comunidad mapuche no son nadie y de hecho dijeron desconocerla como comunidad y manifestaron que no tenían que pedir permiso”, señaló el defensor
Enfatizó que “como desde esa perspectiva racista los nadies no tienen derecho, los nadies tampoco pueden ejercer derecho alguno y deben simplemente aceptar o someterse a esos atropellos porque si se resisten serán criminalizados”.
“Esa siempre ha sido la respuesta del sistema de dominación racista que ha sometido por siempre a los pueblos indígenas”, aseguró.
Sánchez dijo que le pidió al juez “que abordara el caso con perspectiva de derecho indígenas”.
“Destaqué que el título de propiedad sobre el predio es una cesión inoficiosa, con la firma de un muerto. Para decirlo en buen romance, un título de propiedad trucho”, advirtió.
“Expliqué los mecanismos por los cuales se despojó a lo largo de la historia de Villa La Angostura a la comunidad Pachil Antriao de su territorio”, indicó el defensor.
La posición de la querella
Entre tanto, el abogado Cristian Hugo Pettorosso alegó contextualizando una breve reseña tendiente a reconstruir hechos ocurridos en el inmueble más de una década atrás, en virtud de los testimonios que fueran brindados por el ingeniero Farmetano y la propietaria Raquel Salamida, señalando que sufrieron en el predio dos ataques terroristas en el año 2009, en ocasión de incendiarse completamente las edificaciones de una confitería y las instalaciones de un servicio turístico de canopy que funcionaba en el lugar, explotado por la familia de Salamida; habiendo participado en aquel momento “elementos terroristas” -señaló Pettorosso- que incluso dejaron inscriptas leyendas de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en las ruinas de esas construcciones, “lo cual ha sido un sello indeleble en la memoria de las propietarias, lográndose con éxito el objetivo de causar terror a las mismas y generar pánico por el extremo grado de violencia”, sostuvo el profesional.
Por otro lado, el querellante también apuntó en sus alegaciones las distintas veces que integrantes de la colectividad indígena robaron alambrados colocados por las propietarias y las reiteradas agresiones que padecieron cada vez que pretendían hacer algo en su propiedad, y el perjuicio que significó para la sociedad angosturense los hechos ilícitos debatidos, toda vez que mediante la turbación de la posesión, “los acusados obstaculizaron el inicio de las obras del centro de equinoterapia que está proyectado levantar en el lugar, de acuerdo dijo ante el magistrado, el capitán de caballería del ejército argentino -retirado- José María Alejandro Galli, en concordancia con las manifestaciones de otro testigo, el ingeniero José Dino, quien también estaba trabajando para ese desarrollo”, indicó Pettorosso.
Pedido de detención en plena audiencia
El medio de la última jornada del juicio, el letrado Cristian Pettorosso pidió ante el juez que sea detenida una testigo llevada por la defensa (E.N.B.), quien estaba declarando en momentos de denunciar el querellante que se estaba cometiendo delito de falso testimonio en flagrancia; siendo rechazado el planteo por el juez Egea, pero volviendo a insistir el abogado en su alegato final, requiriendo la apertura de una investigación penal contra la testigo que consideró falaz.
