Así lo informó el abogado que lo defiende en la causa penal. Dijo que solicitó 6 meses de licencia o hasta que se dicte su sobreseimiento o resolución de la justicia. Tressens Ripoll propuso que la concejala del Pro Marta Ciccone lo reemplace en la Presidencia, pero no es lo que prevé la Carta Orgánica Municipal.
El presidente del Concejo Deliberante, David Tressens Ripoll, solicitó una licencia de 6 meses “o hasta que se dicte el sobreseimiento o resolución judicial”, informó este lunes el defensor particular Sebastián Leguizamón Chariff.
El abogado asiste a Tressens Ripoll en la causa penal en la que está imputado por desobediencia a una orden emitida por un juez e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Si se concede la licencia, entiendo es innecesaria la suspensión puesto que no se puede suspender a quien no está en funciones”, sostuvo el abogado.
Fuentes legislativas informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que Tressens Ripoll informó en un plenario que se hizo esta mañana de lunes a los concejales su decisión de pedir licencia en el cargo.
Es una resolución que tomó para anticiparse a la inminente apertura a juicio que resolverá en los próximos días un juez en una audiencia de control de acusación tras el pedido del fiscal jefe Fernando Rubio de elevar a juicio la causa contra el presidente del Concejo Deliberante.
Las fuentes dijeron que Tressens Ripoll propuso “de manera unilateral” que la concejala del Pro, Marta Ciccone, asuma la presidencia del Concejo. En la oposición no todos están de acuerdo con esa propuesta.
Y recordaron que la Carta Orgánica Municipal es muy clara en este tema. Según el artículo 88, “el cargo de presidente (del Concejo Deliberante) recae en el primer concejal del partido o alianza electoral que se impuso en las elecciones para intendente”.
En 2019 las elecciones las ganó el MPN. En consecuencia, un concejal o concejala del MPN debe reemplazar a Tressens Ripoll en la Presidencia durante su licencia, que debe ser aprobada por los concejales.
Las fuentes destacaron que por más que la concejala Melisa Salamanca o su par Walter Espíndola no quieran asumir esa responsabilidad, no la pueden eludir porque es lo que ordena la Carta Orgánica. El Pro no ganó la elección del 2019. Por eso, advierten que no corresponde que Ciccone asuma la Presidencia.
A todo esto, si se aprueba la licencia de Tressens Ripoll, lo reemplazará Emiliano Santos, que es el concejal electo que sigue en la lista proclamada por la justicia electoral provincial.
Rubio solicitó elevar la causa a juicio porque concluyó que la investigación, que la fiscalía de Villa La Angostura llevó adelante durante 16 meses, arrojó fundamentos suficientes para someter a juicio a Tressens Ripoll por los dos delitos que se le atribuyen.
“Vamos a acreditar en el juicio acabadamente que (Tressens Ripoll) no tiene nada que ver con los hechos que la fiscalía le atribuye”, afirmó el sábado Leguizamón Chariff.
El hecho
El 12 de febrero del año pasado, el juez de garantías Nazareno Eulogio admitió los cargos que Rubio y el asistente letrado de la fiscalía de Villa La Angostura Ramiro Amaya formularon contra Tressens Ripoll y los 6 concejales como coautores del delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones. Al presidente del Concejo lo acusaron además en esa audiencia por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Pero a principios de julio del 2021, Rubio pidió el sobreseimiento de la concejala del Pro, Marta Noemí Cicconi, de sus pares del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Sergio Javier Troche (que renunció al cargo), los concejales del MPN, Walter Luis Espíndola y Ruth Melisa Salamanca y la concejala del bloque Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza. Sin embargo, mantuvo la imputación contra el presidente del Concejo Deliberante.
La causa se originó a partir de la sesión que los concejales hicieron el 15 de enero del año pasado para dictar el veredicto del juicio político que llevaron adelante contra el entonces secretario de Economía municipal, Daniel Brito, que fue destituido del cargo por mal desempeño.
Rubio acusa a Tressens Ripoll de haber desobedecido la orden dictada el día anterior por el juez contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini, que había dispuesto la suspensión de la sesión especial y del procedimiento del juicio político contra Brito.
A Tressens Ripoll le atribuyeron además “haber cerrado las puertas del edificio para evitar que se supiera lo que estaban haciendo y abrirlas tarde”, cuando ya estaba iniciada la sesión.
