Así lo plantearon en el escrito que presentaron ante el juez civil de Villa La Angostura que los había consultado sobre la solicitud de los demandados. Dijeron que era tarde para dialogar y pidieron al magistrado seguir adelante con el proceso de desalojo.
Los abogados de María Cristina Broers rechazaron el pedido de audiencia conciliatoria que había formulado el apoderado legal de la comunidad mapuche Quintriqueo para tratar de resolver el conflicto por la posesión del lote pastoril 42, cuyo desalojo ordenó la justicia para restituirlo a la demandante.
Los abogados Adolfo Hugo Burgenik y Edgar Mario Bertero, que representan a Broers, respondieron la consulta que el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, les había hecho con respecto al pedido del apoderado legal Virgilio Sánchez, en representación de la comunidad Quintriqueo, de abrir una instancia de conciliación.
Pidieron que “se deje sin efecto” el pedido de la demandada y que siga adelante con el proceso de ejecución de la sentencia que ordena el desalojo de la comunidad Quintriqueo y de todos los ocupantes del lote 42.
“Rechazamos el pedido de audiencia conciliatoria”, afirmaron. Recordaron al juez que la demanda judicial “la iniciamos hace ya más de diez años”.
“Durante todo este tiempo del proceso, no hemos visto más que dilaciones y argucias procesales, argumentos inventados todos, que tuvieron siempre por objeto impedir, o por lo menos dificultar y atrasar el dictado de una sentencia”, señalaron.
Advirtieron que desde el inicio “sabían los demandados que les será desfavorable y recibirían condena a desalojar el inmueble, para que su titular Broers retome la posesión que siempre ejerció, como finalmente sucedió”, sostuvieron los abogados.
“De modo pertinaz, la demandada intentó volver sobre asuntos extinguidos en el trascurso de esta causa, ya concluidos por el instituto de la cosa juzgada y la preclusión, como hizo la demandada con su tozudo e inaceptable planteo reiterativo y dilatorio por el cual pretendía que aplique al caso la ley 26160 del relevamiento de tierras, cuando ya se había pronunciado el juzgador acerca del tema”, enfatizaron.
La demanda se originó por la usurpación
Rememoraron que la acción civil se originó “porque los demandados le usurparon un inmueble de titularidad plena de la señora Broers, dominio pleno con título inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de Neuquén, posesión ancestral pacífica, pública y efectiva, planos registrados en la Dirección del Catastro”.
“Luego, como quedó probado, por vías totalmente amañadas, se asociaron la familia Melo con la familia Quintriqueo, (necesitaban los usurpadores incluir a algún mapuche en el asunto para asegurar dilatarlo más) con la clara intención de tratar de confundir al juzgador para demostrar que se trataba de tierras vinculadas a mapuches, cuestión que como se aprecia a primera lectura del desarrollo del proceso no es cierta, ni tiene asidero ni prueba alguna que lo sustente”, aseguraron.
“Por ese motivo, señor Juez, porque la demandada procedió con malicia procesal, (no comprendemos cómo el abogado que los representa no orientó a sus representados y los inclinó hacia cierta razonabilidad, coherencia y juridicidad en sus peticiones) nosotros estimamos inútil, innecesaria e incluso aparece ya como una inaceptable burla a nuestra parte, que luego de diez años de proceso plagados de dilaciones y argumentos mentirosos y maliciosos, y en el estado terminal de ejecución de sentencia en el que se encuentra este proceso, se acuerde de pronto la demandada de que quiere dialogar o acordar, (no sabemos qué cosa acordaría en este estado de la causa)”, respondieron los abogados de Broers.
Afirmaron que, en este estado del proceso, “la demandada se tiene que limitar a cumplir la orden judicial que se libró, incluso para no incurrir en el delito de desobediencia judicial si incumple”.
“Lamentamos que no se avino la demandada a dialogar hace diez años, luego de que usurpó sin derecho el inmueble de propiedad de la señora Broers”, observaron. “Tal vez en aquellos momentos de hace una década, hubiese tenido alguna razonabilidad, o por lo menos un sentido práctico abrir un diálogo, no ahora, que ya es muy tarde”, concluyeron.
Y aseguraron que lo único que le queda a la comunidad Quintriqueo “por hacer, es devolver la posesión del inmueble a su titular, por lo menos, para evitar que sea la violencia de la fuerza pública la que los expulse del predio que ocupan sin derecho”, señalaron.
