El conflicto tiene más de 20 años y la justicia le dio la razón a la municipalidad, ahora el abogado Cristian Pettorosso aporta nuevas pruebas y acusa a la comuna y al abogado obrante en aquel momento.
Jorge Aníbal Sainz, vecino de Puerto Manzano, denunció penalmente ante la Fiscalía local, que se investiguen delitos contra la administración pública municipal que habrían sido cometidos hace aproximadamente veinte años atrás.
A pesar que los hechos se habrían materializado hace dos décadas atrás, el abogado Cristian Hugo Pettorosso, patrocinante del denunciante, solicitó a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial, correspondiente a toda la región sur de la Provincia del Neuquén, que se aparten de la investigación, y que se declaren imprescriptibles los hechos denunciados por el damnificado Sainz.
En efecto, el letrado Cristian Pettorosso requirió que se inhiban de intervenir los agentes fiscales Adrián De Lillo y su superior jerárquico, el fiscal jefe Fernando Guillermo Rubio -con asiento en San Martín de los Andes-; aduciendo, entre otras razones “el temor a la parcialidad que generan en su cliente, las presencias de sendos investigadores en la tramitación iniciada; toda vez que en denuncias formuladas anteriormente relativas a los mismos hechos ilícitos, las han archivado sistemáticamente, arbitrariamente, sin investigar”; según confió Jorge Sainz.
Además, Pettorosso aseveró que se necesita una investigación penal libre y objetiva, que se baste a sí misma, ajenas a intereses foráneos a las mandas de Justicia, y por eso peticionó que los fiscales deben apartarse por público encono que tiene fiscal jefe Rubio con su asistido, lo que derivara oportunamente en una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia con procesamiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de esta provincia, promovida por Jorge Sainz contra la mencionado jefe de los fiscales, quien fuera sometido a un procedimiento de Jury por razones de mal desempeño”, indicó Sainz.
Con respecto a De Lillo, el abogado Pettorosso recordó que dicho fiscal se inhibió hace dos años atrás de continuar investigando hechos de usurpación materializados en el barrio Cumelén en perjuicio de su cliente, por diferencias de larga data que aquel tiene con Jorge Sainz. a quien una vez trató de narcotraficante, entre otras severas descalificaciones que se han profesado mutuamente.
A su turno, dadas estas disfunciones que motivan las recusaciones que clama Jorge Sainz, deberá resolver la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, qué fiscales deberán intervenir en la investigación pedida por el nombrado, siendo el Fiscal General -máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal- el encargado de decidir en esta discordia; quien, aseguraron fuentes allegadas al caso, también podría ser recusado, por su estrecha amistad con el denunciante Sainz.
Según se pudo conocer de fuentes con acceso al expediente, el detonante de la denuncia por corrupción impulsada ahora por Jorge Sainz, fue una demanda civil de reivindicación que el municipio de Villa La Angostura lleva adelante desde el año pasado, con intenciones de desalojar a dos familias que han construidos sus casas en un valioso predio ubicado en un exclusivo lugar de Puerto Manzano, lote de terreno que les fue vendido por Jorge Sainz, quien asegura haber sido el legítimo dueño de esas tierras.
La denuncia
De acuerdo a la denuncia penal instada recientemente, Sainz pide investigar a fondo la deliberada falta de controles previstos por las normas, cuando el Consejo Deliberante de Villa La Angostura aprobara una ordenanza en el año 1995, que establecía como legal un acuerdo celebrado entre el municipio local y una empresa “fantasma” -indicó Sainz- llamada “Catalán S.A.” cual se atribuía ser la dueña no solo del lote en disputa actual con la Municipalidad angosturense, sino también de otra amplia franja de tierras, por lo que los damnificados en el pueblo podrían ser más, indicó Pettorosso.
Es así, que por una deuda tributaria que la empresa Catalán S.A. tenía con la Municipalidad, ésta acuerda recibir en pago el lote de terreno donde hoy se pretende desalojar a dos familias; siendo que, conforme la denuncia penal radicada ahora, dicha empresa ya había vendido ese mismo terreno hacía muchos años atrás por medio de una conocida inmobiliaria (Vinelli), para luego disolverse Catalán S.A., es decir, dejar de ser persona jurídica hábil para contratar -situación sabida por los funcionarios y asesor letrado del municipio, aseguró Sainz-; con lo cual “deviene a todas luces ilegal la maniobra que lleva dicho lote al patrimonio municipal”, opinó Pettorosso, agregando que “todo lo acontecido se enmarcaría en hechos de corrupción que deben investigarse porque no han prescripto dichos delitos de acción pública”.
En este contexto, Jorge Aníbal Sainz denunció penalmente al abogado Guillermo Alejandro Hensel, a quien le imputó ser coautor de los hechos de corrupción, en razón que éste -aseguró Sainz- “fuera uno de los mentores de la maniobra ilícita actuando como asesor letrado y apoderado de la Municipalidad de Villa La Angostura, y tuviera vínculos con quien fingiera ser representante de una empresa inexistente”. Además, recalcó Sainz la necesidad de apartar al jefe de los fiscales, por tener éste -con al abogado denunciado- vínculos que exceden la función pública.
Según Pettorosso “Guillermo Hensel junto a la persona que se presentara como directivo de Catalán S.A. intentaron escriturar terrenos ilegalmente por medio de una escribanía de esta localidad, no pudiendo hacerlo, por la negativa del notario que fuera consultado; quien, al advertir los alcances legales de los instrumentos en análisis, se rehusó a formalizar la actuación pretendida al advertir distintas irregularidades”.
“Esta causa recién empieza, y tendrá resistencias propias de todo un aparato que tiene complicidades dentro de los engranajes de Justicia. Hay tinta para todos, y a cada uno, a su tiempo, le llegará lo suyo”, sentenció Cristian Pettorosso.
