Este miércoles está previsto que se haga una segunda autopsia sobre el cadáver del empleado municipal que murió el 20 de julio pasado durante un procedimiento policial. La querella intenta probar que la causa de la muerte fue como consecuencia de una asfixia por estrangulamiento pero no es lo que concluyó el cuerpo médico forense.
A pedido de los apoderados legales Lorena Miani y Virgilio Sánchez, que representan a la madre de Robinson Gatica en la causa, se hará este miércoles una nueva autopsia sobre el cuerpo del empleado municipal, informaron fuentes judiciales.
La segunda autopsia se hará en la ciudad de Neuquén, en la sede del cuerpo médico forense. La perito que aportó la querella es Emma Virginia Creimer y fue designada para hacer la pericia, con la supervisión de peritos oficiales y de la defensa.
La querella intenta probar que la causa de la muerte de Gatica ocurrió como consecuencia de una asfixia por estrangulamiento causada por los policías imputados.
El fiscal de Villa La Angostura, Adrián De Lillo, estará supervisando la peritación, explicaron las fuentes. También, los defensores particulares de los policías imputados.
De Lillo solicitó la exhumación del cuerpo de Gatica del cementerio municipal para someterlo a la segunda autopsia solicitada por los abogados querellantes que representan a Lidia Quintriqueo, madre del empleado municipal, que murió el 20 de julio pasado.
La exhumación del cuerpo se hizo el 15 de diciembre pasado y de inmediato fue trasladado hasta la ciudad de Neuquén.
Una junta médica, junto con peritos del Cuerpo Médico Forense de Neuquén, dictaminaron, a partir de los informes de los periciales, que Gatica sufrió una “muerte súbita de una persona con delito agitado por consumo de cocaína en el contexto de una restricción policial”.
El día de la tragedia
La muerte de Gatica ocurrió la madrugada del 20 de julio pasado en un domicilio del barrio Las Piedritas de Villa La Angostura. Familiares de Gatica llamaron esa madrugada a la comisaría 28 porque el joven se encontraba fuera de control por haber consumido cocaína (los peritos hallaron restos del estupefaciente en el cuerpo de la víctima).
Policías fueron hasta el lugar y trataron de reducirlo. Pero Gatica estaba armado con un cuchillo con el que intentó agredir a los policías. Dos efectivos sufrieron lesiones leves.
Uno de los policías efectuó un disparo con su arma reglamentaria. El proyectil no impactó a Gatica. También recibió varias postas de goma y lo golpearon.
Los policías tuvieron que retirarse de la vivienda y la esposa logró persuadirlo a Gatica para que el diera el cuchillo. La mujer salió de la casa y los policías entraron con el joven ya desarmado, lo golpearon y lo aprehendieron.
Los peritos establecieron que ni los golpes ni las postas de goma causaron la muerte de Gatica.
De Lillo acusó el 21 de julio pasado los policías Víctor Hugo Muñoz, Darío Luis González, Alejandro Bravo, Erwin Alejandro Mora y David Ezequiel Cuevas como coautores del homicidio agravado de Gatica, porque lo cometieron en abuso de sus funciones como integrantes de la Policía.
El juez de garantías admitió la formulación de cargos contra los policías y les impuso prisión preventiva, que cumplieron de manera domiciliaria.
Una teoría que se debilitó
Sin embargo, con la conclusión del informe del cuerpo médico forense la teoría de la fiscalía se debilitó. Sin embargo, De Lillo no reformuló los cargos contra los policías.
El 17 de noviembre último, la jueza Mirta Bibiana Ojeda dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplían desde finales de julio pasado de manera domiciliaria y los cinco acusados quedaron en libertad con varias pautas de conducta que deben cumplir. Además, extendió por 4 meses el plazo de la investigación que declaró como “asunto complejo”.
De Lillo no se opuso al pedido de los defensores Cristian Pettorosso y Alejandro Casas de concederles la libertad, pero recordó que en su momento había pedido la prisión preventiva porque había evidencias de que los acusados habían tratado de entorpecer la investigación.
Los abogados por la querella, Miani y Sánchez, expresaron su desacuerdo con otorgarles la libertad a los imputados porque plantearon que todavía están vigentes los riesgos procesales.
