Sr. Director:
Desempeñándome como abogado defensor en distintas causas de homicidios ocurridos en los últimos tiempos en esta localidad cordillerana, y especialmente dedicado en uno de esos expedientes -ejercitando por la defensa policial- a investigar los caminos y destinos de las drogas que llevaran a la muerte a un trabajador municipal, puedo afirmar sin temor al equívoco, con todas las evidencias colectadas a esta altura, que el daño crónico en la salubridad del agente, sumado al estrés de un momento determinado, facilitara el desenlace fatal que todos conocemos.
Lo que no conocemos, es la caja de Pandora que esta investigación trajera solapada, cuando, habilitado por ley y contando este letrado con distintas herramientas para ejercitar con plenitud y eficacia el ministerio confiado por el uniforme azul; y habiendo colectado numerosas pruebas en distintas direcciones trazadas, y teniendo sobre todo la vocación y energías necesarias para llegar al hueso del asunto y descubrir la verdad real que se intentara tapar, orillara -casi sin quererlo- en arenas blancas como la droga, que hubiese preferido no pisar.
La función pública exige a los mejores y más capacitados hombres y mujeres, a los más sanos y aptos para administrar los engranajes del estado. La institución de Justicia es la más delicada del trío de poderes, porque allí se alberga la esperanza última de los ciudadanos.
No puede haber funcionarios públicos, mucho menos en actividad de justicia, vinculados a consumos de drogas ilícitas.
La gente desconfía en el poder judicial, y toda razón tiene para su adverso sentir. En un lugar tan pequeño, donde casi todos los habitantes se conocen, que la droga esté esparcida por doquier, significa, dando una mirada sensata, que las instituciones del estado por alguna extraña razón no están funcionando como corresponde.
Dado el contexto disfuncional que advierto, la seriedad de la situación planteada, y arrojando las pesquisas realizadas datos comprobables que algunos operadores de justicia consumen drogas ilegales, vienen propicias las ideas de un magistrado cordobés con los pantalones bien puestos y la corbata mejor apretada, el juez del fuero criminal Daniel Enrique Ottonello, quien hace ya más de diez años atrás propuso que todos los funcionarios públicos se hagan una rinoscopia, a los que yo sumaría aquí, también, exámenes para detectar consumo de cannabinoides.
Dichos examinaciones, honrando la igualdad de tratamiento en todos los integrantes de la función pública, deberían realizase desde la magistratura más encumbrada hasta el cargo más bajo de la estructura judicial, y pasando por todas y cada una de sus dependencias auxiliares, abarcando ya no solo a jueces y fiscales, sino también al resto de los operadores jurídicos que conforman el aparato judicial.
Va de suyo, es una exigencia moral que quienes laboran dentro del estado, máxime en la administración judicial, demuestren un estado de salud intachable, porque tienen una responsabilidad enorme a la hora de tomar decisiones que tienen directa incidencia en el bienestar de la población.
¿Consumir drogas no es un tema privado, no penado por la ley?, me preguntó uno de los testigos interrogados en una de las aludidas investigaciones; a quien le respondí que en principio sí, pero que no es absoluta esa libertad individual, cuando el consumidor presta funciones en oficinas públicas, porque allí se deberían aplicar directivas éticas, como por ejemplo, leyes de ética e idoneidad en la función pública o el propio Código Iberoamericano de Ética Judicial.
Creo que los funcionarios deberían tener óptimas capacidades físicas y psíquicas para desempeñar el cargo que la sociedad les confía, y los análisis propuestos en este pensamiento tienden a demostrar su probidad y también a garantizar la salubridad personal del examinado, áreas donde el estado tiene poder de policía para evaluar la idoneidad del agente público.
Como reflexión, sostengo que la lucha contra el narcotráfico debe ser integral y posicionada en todos los rincones donde se enquiste el narco para intentar tomar el control de las instituciones y desde allí facilitar la expansión de su mortal negocio; y quienes deben encabezar aquella lucha tienen que contar como requisito insoslayable la autoridad moral que clama el conjunto de la sociedad, para así poder cumplir con una premisa socialmente convalidada, que es “predicar con el ejemplo”.-
Villa La Angostura; 27 de febrero de 2023
Abog. Cristian Hugo Pettorosso
Matr. 2248, C.A.P.N; T°XLVIII, F°208, C.A.L.P; T°600, F°816, C.F.A.L.P.; Tº97, Fº387, C.P.A.C.F.
cel. 221 498 3076
